El Parlament ha aprobado una propuesta de resolución de ERC, Junts, CUP y comuns para que tres diputados puedan comparecer en la Eurocámara tras el espionaje a independentistas con Pegasus en el denominado Catalangate, y pide también prohibir el software en la UE.
La propuesta, tramitada por vía de urgencia, ha salido adelante en el pleno de este miércoles con mayoría absoluta, con los 79 votos de los grupos impulsores de la iniciativa y los 51 en contra PSC-Units, Vox, Cs y PP.
Se ha aprobado que la Cámara ejerza el derecho de petición ante el Parlamento Europeo (PE) por el espionaje con el programa Pegasus, y pueda comparecer, como parte implicada, ante la comisión de peticiones de la Eurocámara para tratar «la vulneración del derecho europeo».
El texto también pide que diputados del Parlament pueda comparecer ante la comisión de investigación del caso Pegasus del PE en la sesión del 29 de noviembre, que analizará el caso de España.
La votación llega después de que un informe preliminar de la Eurocámara, publicado hace dos semanas, dio por probado que se espió a 65 independentistas con el programa Pegasus.
Por eso, la iniciativa aprobada en el Parlament pide amparo al PE en defensa de los derechos de quienes fueron espiados, y reclama marcos legales y mecanismos de control en la actuación de los Estados miembros para evitar «prácticas abusivas e ilegales que no pueden ser reparadas por un control judicial posterior».
También solicita al PE que apruebe una iniciativa para pedir a la Comisión Europea (CE) que presente una propuesta legislativa que conlleve «la prohibición total e inmediata del usos del sistema Pegasus y de cualquier otro similar» en la UE.
Así, emplaza a crear mecanismos de control y sanción a los Estados miembros que permitan producir y comercializar programas ‘spyware’, como es el caso de Israel con Pegasus, y acuerdan elevar al PE el informe elaborado por The Citizen Lab sobre el Catalangate y el informe del Síndic de Greuges ‘Casos Pegasus: Vulneraciones de los derechos a la intimidad, la defensa y otros derechos’.
GRUPOS IMPULSORES El diputado de Junts Josep Rius ha dicho que «es un asunto europeo, y el PE y los tribunales europeos lo tienen claro, y España juega en campo contrario con árbitros independientes y en un estadio donde sí hay justicia», y ha dejado claro que persistirán para que se investigue y haya responsabilidades.
Tras exigir garantías de que no se repita, la diputada de la CUP Montserrat Vinyets ha advertido al Estado de que no están dispuestos «a pasar página», además de acusarlo de utilizar contra el independentismo las herramientas que usa contra el terrorismo y el crimen organizado.
Por parte de los comuns, Susanna Segovia ha manifestado que quieren que se investigue, aclare y se depuren responsabilidades, que no vuelva a pasar, y avisa de que «no se entendería» que haya grupos que voten en contra de esta propuesta cuando lo hicieron a favor en el PE cuando se abordó el uso de Pegasus por parte de Hungría y Polonia.
En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado de ERC Jordi Orobitg, que ha lamentado que la iniciativa no sume más adhesiones, porque, a su juicio, esto debería interpelar a todos los demócratas: «Hablamos de la afectación de los derechos de algunos diputados que tienen una ideología independentista, pero mañana puede ser cualquiera».
EN CONTRA Para el diputado de PSC-Units Oscar Aparicio, este debate le recuerda ‘el día de la marmota’ –en sus palabras– para llegar a la conclusión de que España no es un Estado democrático cuando informes internacionales sitúan la democracia española como «una democracia avanzada, equiparable al resto de europeas y donde se persiguen delitos y no ideas», y ha pedido no instrumentalizar el PE.
El diputado de Vox Alberto Tarradas ha acusado a los independentistas de utilizar las instituciones para hablar de temas que, en su opinión, no interesan a nadie, y ha asegurado que si el independentismo quiere que no se le espíe deben empezar «por no dar golpes de Estado» y por actuar en base a la ley.
«¿Qué pretendían que hiciera el Estado? ¿Qué esperaban?», ha preguntado el diputado de Ciudadanos Nacho Martín Blanco, que ha calificado de anómalo el informe de Citizen Lab, además de cuestionar a su autor, Elías Campo.
El popular Alejandro Fernández ha dicho que no pueden apoyar que una institución como el Parlament defienda «intereses particulares» cuando, a su juicio, el independentismo tiene instrumentos políticos, parlamentarios y legales suficientes para defender sus intereses, y desea ver cómo explican en el Parlamento Europeo que algunas de las formaciones tienen un acuerdo de investidura parlamentario con los que dicen que les espiaron, los socialistas.
