La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha acusado de «mentir» a quienes digan que se pueden garantizar los derechos sociales bajando impuestos a los ricos.
«Los derechos sociales no se pueden garantizar ni en España ni en ningún otro sitio sin equilibrar la balanza fiscal y acabando con la brecha de desigualdad. Cualquiera que diga que se pueden garantizar los derechos sociales o los servicios públicos bajándole los impuestos a los ricos, miente», ha apostillado Belarra.
Así se ha pronunciado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 este miércoles durante su intervención en el Congreso de los Diputados para informar sobre la sección 29 del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
En este sentido, ha defendido que desde el Gobierno quieren garantizar lo público frente a quienes quieren «desmantelarlo y entregarlo a los buitres que hacen negocio con la salud, la atención temprana y las residencias».
«Quienes recortan en sanidad, quienes recortan en educación pública o en servicios sociales están ejerciendo violencia contra nuestra gente. Ir a unas urgencias masificadas o que sea imposible conseguir una cita con un pediatra es violencia», ha avisado.
LA LEY DE FAMILIAS, EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS Entre otros temas, Belarra ha avanzado que, «en las próximas semanas», llevarán al Consejo de Ministros la ley de familias que «va a consolidar la renta crianza de 100 euros para familias con hijos de 0 a 3 años» y que incluirá «nuevos permisos de cuidado y medidas protectoras para familias monomarentales».
Por otro lado, ha puesto relieve la inversión en atención a la dependencia con «objetivos muy claros» como «rebajar las listas de espera mejorar los derechos laborales de quienes cuidan y las prestaciones de las personas en situación de dependencia». Además, ha destacado que, gracias a una «inversión histórica», se han conseguido avances como que haya 180.000 nuevas personas con prestación efectiva.
Si bien, a su juicio, «no es suficiente» y aspira a «consolidar un sistema de cuidados de larga duración a la altura de los grandes pilares del bienestar». Por ello, según ha indicado, estos Presupuestos plantean un incremento adicional de 600 millones de euros. «En tres años hemos conseguido aumentar un 150% los fondos destinados a la dependencia, invirtiendo más del doble que cualquier otro Gobierno en dependencia», ha abundado.
Entre otros asuntos que afectan a su Ministerio, Belarra también ha lamentado que la Agenda 2030 «ha sido atacada de manera furibunda por partidos de extrema derecha, que aspiran a sacar rédito político del dolor, o que por la rendija de la desesperación se cuelen los discursos de odio».
«Los Presupuestos que estamos debatiendo abordan una gran cantidad de ámbitos y una gran parte de sus partidas nos están ayudando a construir un país del que sentirnos orgullos, un país verde, feminista, más justo, que cuida de su gente y no la agrede», ha subrayado.
Según ha añadido, «es un orgullo que en este país nadie tenga que hipotecarse de por vida para recibir un tratamiento de cáncer» o que «nadie se endeude durante décadas para pagar la universidad o la Formación Profesional».
En el turno de réplica, la diputada del PP Alicia García ha reprochado a la ministra el «retraso» en la Ley de servicios sociales o en la Ley de Familias, mientras se dan «mucha prisa en aprobar otras leyes que permiten que salgan de la cárcel violadores de menores».
Por parte de VOX, la diputada María Magdalena Nevado ha afeado a la ministra que «derechos sociales son la protección de la infancia y no blanquear la pederastia; derechos sociales es ayudar a las madres a salir adelante y no el fomento del aborto; derechos sociales son calles seguras y no violadores en las calles; derechos sociales son derechos de las personas y no derechos de los animales».
También se ha referido a la Ley de Bienestar Animal el diputado de Foro Asturias, Isidro Manuel Martínez Oblanca, quien ha tachado al Ministerio de «calamidad administrativa» y ha criticado que se aprueben leyes «sin pensar en las consecuencias» como que «se penalice más que un hombre pegue a un perro que a su pareja».
Por su parte, la diputada Sara Giménez ha mostrado su preocupación ante la ministra por el hecho de que se haya renovado hasta en 26 ocasiones el plazo para enmendar la Ley sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). «¿Cómo puede haber tanta incoherencia entre un discurso que se supone que es progresista y de defensa de los derechos humanos y no apostar por resolver el problema de las familias y enfermos de la ELA?», se ha preguntado.
