La Ministra de Justicia, Pilar Llop ha asegurado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva formando a los jueces en perspectiva de género desde 2003, es decir, antes de que existieran las leyes de Igualdad y contra la violencia de género. Esta afirmación contrasta con la reiterada en varias ocasiones por la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre la necesidad de que los jueces se formen para evitar «estereotipos y sesgos machistas».
En declaraciones a los medios, Llop ha lanzado un mensaje de «calma» y «paciencia» ante las rebajas de penas a violadores que se están registrando con la entrada en vigor de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como Ley de ‘solo sí es sí’.
La ministra ha recordado que «hay 106 juzgados exclusivos de violencia contra la mujer» y otros «355 juzgados compatibles». Según ha indicado, en todos ellos hay «profesionales con una experiencia extraordinaria y con formación», debido a que el CGPJ lleva casi 20 años ocupándose de ello, con el objetivo de que los operadores jurídicos «tengan esa perspectiva de género para que puedan aplicar sentencias».
Llop también ha subrayado que el Gobierno «está con las víctimas». Y, en este sentido, ha defendido que la Ley de ‘solo sí es sí’ es una «buena ley», precisamente, porque «centra su protección en las víctimas que antes no tenían una solución óptima» ante la comisión de delitos sexuales.
La ministra ha puesto como ejemplo el hecho de que una agresión sexual a una mujer privada de sentido, con la ley anterior, fuera considerada un abuso, lo mismo que con sumisión química. A su juicio, estos casos son «gravísimos» y provocan en las víctimas «secuelas extraordinarias». «Y eso, por fin, ahora, por esta ley es agresión», ha indicado.
Es por eso que la titular de Justicia llama a ser «prudente» y a «esperar a ver qué respuesta da el Tribunal Supremo sobre criterios unificados» en este tema, así como la postura de las audiencias provinciales. Tal y como ha recordado, este viernes 25 de noviembre se reúne la Audiencia Provincial de Madrid para determinar criterios unificados sobre la aplicación de la norma.
«En todo caso la Fiscalía ha hablado», ha indicado, antes de recordar que este organismo ha determinado que «cuando la pena es aplicable con arreglo a la reforma de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, no hay revisión».
