Los negociadores progresistas y conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han concluido sin acuerdo la reunión celebrada este miércoles para intentar pactar los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que compete nombrar al CGPJ, si bien han vuelto a citarse para el 30 de noviembre, según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press.
Los portavoces progresistas, Álvaro Cuesta y Roser Bach, y conservadores, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, han estado reunidos aproximadamente una hora desde las 13.00 sin lograr avances, ya que el único resultado concreto ha sido «seguir hablando».
El bloque progresista lanzó una primera lista con nueve candidatos que finalmente redujo a uno: José Manuel Bandrés. En la reunión de la semana pasada, Cuesta y Bach esperaban que sus interlocutores propusieran también un aspirante, pero los negociadores conservadores pidieron cambiar el método de negociación.
El sector conservador ofreció negociar los dos candidatos al TC conjuntamente entre ambos sectores –sin que cada bloque eligiera a uno propio que se sumara al otro para conseguir así el tándem–, con el objetivo de evitar lo que perciben como un «reparto de cromos».
Este miércoles, los negociadores progresistas han rechazado este nuevo método, insistiendo en nominar a Bandrés para el TC, de ahí que los cuatro vocales que protagonizan las conversaciones hayan decidido verse la próxima semana para analizar cómo superar este último escollo.
Las fuentes ya advertían de que era altamente improbable que de la reunión de este 23 de noviembre surgiera un acuerdo sobre los dos aspirantes a la corte de garantías, cuestión que queda postergada, al menos, hasta el día 30, cuando volverán a sentarse a la mesa de negociaciones.
De esta forma, aunque en el orden del día del Pleno ordinario del CGPJ previsto para mañana figuran los dos nombramientos para el TC, parece claro que no habrá fumata blanca.
No obstante, las citadas fuentes subrayan que la voluntad del CGPJ es realizar dichos nombramientos a lo largo del mes de diciembre y, en todo caso, antes de Navidad.
Los vocales conservadores, por su parte, aún no han anunciado formalmente candidato ninguno, pero las fuentes consultadas aseguran que manejan seis nombres: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de lo Contencioso-Administrativo.
Las mismas fuentes revelan que los mejor posicionados hasta ahora son Pablo Lucas, el juez encargado de controlar al CNI, y Tolosa, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS.
EL SUPREMO DESPEJA EL CAMINO El camino hacia el acuerdo está ahora más despejado que hace apenas unas horas porque el Tribunal Supremo (TS) ha rechazado suspender a Rafael Mozo como presidente interino del CGPJ, como parte de los recursos formulados por el vocal Wenceslao Olea y el secretario general del CGPJ, José Luis de Benito, contra la bicefalia del Poder Judicial.
Este era uno de los factores que pesaban en las negociaciones del CGPJ por cuanto, si el TS hubiera optado por apartar provisionalmente a Mozo como «presidente suplente» del Consejo, esto habría supuesto cuestionar la legitimidad del Pleno en el que se pudieran acordar los dos candidatos al TC y, por tanto, la validez de los mismos.
Fuentes jurídicas señalan a Europa Press que en las deliberaciones internas del Consejo podría cruzarse un segundo asunto, ya que el Gobierno –que hasta ahora había optado por dar un tiempo prudencial al CGPJ para que designara a su dupla para el TC– podría dar por agotados los plazos tras el Pleno de mañana.
Desde el pasado 12 de junio, el TC está a la espera de que Gobierno y CGPJ nombren a los sustitutos de los cuatro magistrados cuyo mandato venció ese día y que forman el tercio que la Constitución encarga nombrar a Ejecutivo y Consejo.
En un principio, las dudas jurídicas sobre si los dos de Moncloa podrían tomar posesión de sus cargos sin esperar a los del CGPJ frenaron al Gobierno, pero algunas fuentes sostienen que la contrarreforma legal que el pasado julio devolvió al Consejo sus competencias para nombrar a sus dos aspirantes al TC resolvió este dilema, por lo que cobra fuerza la tesis que ve posible una renovación por separado.
