El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este jueves –por 9 votos en contra, 8 a favor y uno en blanco– no reclamar que se le pida opinión sobre la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para derogar la sedición y crear un nuevo delito de desórdenes públicos agravados, rechazando así la solicitud realizada por la mayoría de los vocales conservadores.
Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press indican que la petición efectuada por un grupo de ocho vocales conservadores ha sido desestimada pero que habrá un voto particular de esos mismos vocales.
Asimismo, las citadas fuentes detallan que los 9 votos corresponden al conjunto del bloque progresista más Vicente Guilarte; los 8 a favor, a los vocales que han puesto el tema sobre la mesa; y el voto en blanco, a Wenceslao Olea.
La votación, celebrada en el marco del Pleno ordinario celebrado este jueves, ha tenido lugar justo el mismo día que arranca en el Congreso de los Diputados la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de los partidos políticos que forman el Gobierno.
Fue el pasado 18 de noviembre cuando estos ocho vocales –Gerardo Martínez, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart y Ángeles Carmona– solicitaron al presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo, que incluyera en el orden del día del Pleno de este jueves su propuesta sobre la reforma penal anunciada por el Gobierno.
Los vocales querían, en primer lugar, que el Pleno se pronunciara «sobre la falta de petición de informe» en relación con la propuesta para derogar la sedición y, en un paso más, que se debatiera «si, a pesar de ello, no sería oportuno que el Pleno evacuase dicho informe».
UNA PROPOSCIÓN DE LEY La cuestión es que PSOE y Unidas Podemos presentaron su iniciativa legislativa como proposición de ley, una fórmula que permite no pedir informes al CGPJ y otros órganos constitucionales que, en caso de haberse optado por el anteproyecto de ley, serían obligatorios.
«Hay que tener presente que, aunque el artículo 561.1de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) solo se refiere a anteproyectos de ley, y no a proposiciones de ley, los estándares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al Poder Judicial deben someterse a previo informe de los Consejos de Justicia», argumentaban estos ocho vocales.
Además, llamaban la atención sobre el hecho de que «en reiteradas ocasiones nos encontramos con importantes reformas que afectan al Poder Judicial y que, en lugar de tramitarse como proyectos de ley por el Gobierno, son los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno los que presentan en el Congreso de los Diputados como proposiciones de ley, obviando así el trámite de informe preceptivo de este Consejo General del Poder Judicial de haberse tramitado de otra forma».
