La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado a las comunidades autónomas una ampliación de las ayudas para la movilidad sostenible y para el autoconsumo de 400 millones y 500 millones de euros, respectivamente.
De esta manera el Plan Moves III, que actualmente está dotado con 800 millones de euros, se elevará hasta los 1.200 millones, mientras que las diferentes líneas de fomento para las instalaciones de autoconsumo se verán reforzadas con 500 millones adicionales, de acuerdo con lo previsto en el Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE).
Además, durante la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Energía se han anunciado más recursos para que las administraciones gestionen las ayudas y el mantenimiento de los hitos fijados por la normativa para tramitar proyectos de energías renovables.
En dicha reunión, la vicepresidenta ha presentado el informe de ejecución del Plan +SE y ha recordado que las comunidades autónomas deben remitir sus planes de ahorro y eficiencia antes del 1 de diciembre. Por otro lado, ha analizado la evolución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, cuya implementación depende «tanto del Gobierno central como de los regionales», según han explicado desde el ministerio.
En este sentido, a petición de las comunidades autónomas, se ha planteado incrementar hasta el 5% los gastos de gestión de los expedientes que pueden justificar las comunidades autónomas en el Plan Moves III, ahora situado en el 2,5%.
También se ha planteado situar en el 5% los gastos de gestión del programa de incentivos al autoconsumo, el almacenamiento energético y las instalaciones térmicas con renovables, actualmente en el 3%. La subida permitirá aumentar los recursos administrativos y agilizar las tramitaciones.
MANTENIMIENTO DE LOS HITOS DE LA TRAMITACIÓN DE RENOVABLES Finalmente, en la Conferencia se ha confirmado que se mantienen los hitos marcados por la normativa para tramitar los proyectos de energías renovables, con los objetivos de evitar el bloqueo de la capacidad de acceso a la red eléctrica y garantizar la seguridad jurídica de los promotores.
Los proyectos de renovables tienen cinco años para ejecutarse desde el momento en que obtienen el derecho de acceso a la red eléctrica, con varios hitos intermedios que deben cumplirse. El próximo 25 de enero se cumple el plazo para que numerosos proyectos obtengan la Declaración de Impacto Ambiental.
