Los obispos españoles han aprobado una nota firmada por los obispos de Canarias, José Mazuelos, y de Tenerife, Bernardo Álvarez, en la que apelan a todas las administraciones a buscar una solución ante la «cada vez más desesperada» situación en las islas y, en concreto, en Gran Canaria, donde alertan de que 1.000 jóvenes se quedarán en la calle, a 1 de enero de 2023, al cumplir los 18 años.
«Como no tienen documentación les pusieron fecha de nacimiento el 1 de enero de 2004, con lo cual, el 1 de enero de 2023 ya tienen mayoría de edad, y por tanto, dejan de estar tutelados por la administración y los sueltan a la calle. Es la gran dificultad que tenemos», ha explicado el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, este jueves en un encuentro con los medios de comunicación, en el marco de la Asamblea Plenaria.
En esta línea, los obispos han pedido a las administraciones públicas concernidas que pongan los medios para retomar las derivaciones de menores o jóvenes migrantes extutelados, a programas de inserción en otras comunidades autónomas.
«Si ahora salen 1.000 más, no sabemos qué vamos a hacer, la Iglesia es subsidiaria, es la administración la que tiene que dar respuesta. El Gobierno de Canarias está siendo ejemplar y el Cabildo de Gran Canaria nos está dando ayudas. Alzamos la voz con esta nota para ver si la administración se conciencia. No podemos estar lanzando a jóvenes a la calle. Luego dirán que son delincuentes, no, cuando se les prepara son maravillosos. Eso es lo que tenemos promover, no un almacenamiento», ha subrayado el obispo de Canarias, José Mazuelos.
Los obispos también apelan en la nota a la solidaridad del conjunto de la Iglesia española impulsando desde Canarias, con el apoyo del Departamento de Migraciones de la CEE, el proyecto ‘Corredores de Hospitalidad’, que derive en la acogida integral de los jóvenes extutelados.
