El pleno de Les Corts ha aprobado la Ley valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica, un proyecto impulsado por la Generalitat que incluye tres nuevos impuestos ‘verdes’, que se aplicarán finalmente a partir de 2025 y gravarán las emisiones de gases de efecto invernadero, los vehículos contaminantes y las grandes superficies que generen movilidad.
En el debate de este miércoles, los grupos del Botànic defendieron que es una ley más necesaria que nunca y que no se podía retrasar más, mientras la oposición rechazó los nuevos impuestos y advirtió de la invasión de competencias estatales. Finalmente ha salido adelante este jueves con los votos a favor de PSPV, Compromís y UP, la abstención de Cs y el rechazo de PP y Vox.
Durante la tramitación parlamentaria, los socialistas plantearon en solitario varias enmiendas para rebajar el impacto fiscal en el sector azulejero, afectado por la crisis energética, lo que llevó a sus socios a exigir «coherencia» con el pacto de gobierno.
Sin embargo, hace unas semanas, los grupos del Botànic llegaron a un acuerdo sobre las tasas, de manera que las empresas se las puedan desgravar durante cinco años «siempre y cuando hagan inversiones potentes en eficiencia energética, mejoras concretas y efectivas».
Se estableció una deducción de hasta el 100% del impuesto a las emisiones para las empresas que emitan menos de 20.000 kilotoneladas de CO2 al año, siempre que acrediten inversiones orientadas al control, prevención y corrección de la contaminación certificadas medioambientalmente por una entidad acreditada. También se introdujo una moratoria para su aplicación a partir del 1 de enero de 2025.
RED PÚBLICA DE RECARGA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL En general, el objetivo de la Ley de Cambio Climático es reducir las emisiones hasta un 40% en 2030 y alcanzar la neutralidad en 2050. Contempla mecanismos para agilizar la implantación de instalaciones renovables promovidos por cooperativas, comunidades energéticas locales o ayuntamientos, así como la creación de una red pública de puntos de recarga, la introducción de la educación ambiental en el currículo escolar y el impulso a las titulaciones de FP.
Tanto las administraciones públicas como el sector privado tendrán que calcular su huella de carbono y hacer planes de reducción, junto a la creación de un registro público de la huella hídrica y el fomento de las prácticas ecológicas. También prevé la revisión del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) y la elaboración de una estrategia valenciana de transición justa con medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario para colectivos vulnerables, trabajadores y territorios.
Además de esta norma, Les Corts aprobaron hace dos semanas la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para el fomento de la Economía Circular, que recoge la obligatoriedad de servir agua del grifo gratis en la hostelería y prevé la implantación de sistemas de recogida puerta a puerta y de devolución y retorno en comercios para botellas de plástico de bebidas con una capacidad inferior a tres litros.
«EL BOTÀNIC HACE LOS DEBERES»
Como consellera de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, celebra «enérgicamente» la aprobación de la ley y reivindica que «el Botànic hace los deberes ante la urgente necesidad de descarbonizar la economía valenciana, adaptarse a los retos del cambio climático y por la justicia climática ante la vulnerabilidad».
«Esta ley es el compromiso del pueblo valenciano con sus generaciones futuras, con el territorio y con el modelo socioeconómico que necesitamos», asevera en un comunicado, con el objetivo de garantizar «una transición ordenada hacia un modelo social, económico y ambiental resiliente en carbono y adaptado a los futuros escenarios climáticos» y de contrarrestar el «negacionismo climático».
La elaboración de esta norma, que forma parte del primer punto del acuerdo del Botànic y se enmarca con la declaración valenciana de emergencia climática en 2019, contó con la participación de más de 80 expertos del mundo académico, empresarial, investigador, sociedad civil y administración.
