La ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que el Gobierno está trabajando con los sindicatos en un protocolo de prevención del acoso sexual en la Administración General del Estado y ha destacado que prevé sanciones que pueden llegar a «la separación definitiva del servicio».
En declaraciones a los medios en el Congreso, la ministra ha indicado que este protocolo de prevención del acoso y la violencia sexual se enfocará en todas las cuestiones que puedan ocasionar «algún tipo de malestar» o «una agresión» a las empleadas públicas «por el hecho de ser mujer».
Así ha subrayado que, en caso de que se produzcan, se prevén «importantes sanciones que pueden pasar incluso por la separación definitiva del servicio».
El Gobierno está trabajando con los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CSIF aunque todavía no han llegado a un acuerdo, según ha precisado la ministra, que espera, sin embargo, que se pueda firmar «en breve», tal como ha indicado.
PROTEGE TAMBIÉN AL COLECTIVO LGTBI A este respecto la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado de que está ultimando la negociación de este protocolo pionero contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral de la Administración General del Estado que además protege de forma clara al colectivo LGTBIQ+.
Este acuerdo se rubricará previsiblemente los próximos días, tras la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
SANCIONA FLIRTEOS BESOS Y ABRAZOS NO DESEADOS Se trata del protocolo con el mayor ámbito de aplicación laboral en España, ya que se podrán acoger al mismo más de 230.000 de personas que trabajan en la Administración General del Estado, así como a las empresas externas contratadas del sector privado. El protocolo prevé sanciones que podrían llegar a despidos por conductas como flirteos, besos o abrazos no deseados o comentarios sexistas.
CSIF valora de manera muy positiva este texto -una reivindicación histórica del sindicato– ya que recoge un mecanismo «rápido, eficaz, accesible, sencillo, confidencial y anónimo» para proteger a las personas que puedan ser víctimas de acoso sexual o por razón de sexo.
El protocolo incluye el acoso realizado a través de medios tecnológicos e informáticos y por primera vez se hace una mención específica al trato denigrante al colectivo ‘trans’. El objetivo es «prevenir, detectar, abordar y erradicar este tipo de conductas» del ámbito laboral.
