El presidente de Perú, Pedro Castillo, el primer ministro, Aníbal Torres, así como los integrantes del Consejo de Ministros del Ejecutivo, enfrentarán una denuncia constitucional por haber infringido supuestamente varios artículos de la Constitución al proponer una reforma que permitiera someter a referéndum más asuntos de gran importancia.
En concreto, la asociación civil Movimiento Integridad ha emitido la denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso asegurando que el Gobierno habría incumplido los artículos 90, 106, 108 y 133 de la Carta Magna peruano, ha informado ‘La República’.
De acuerdo a dicha organización, el primer ministro actuó «inconstitucionalmente» al presentarse en el hemiciclo del Parlamento planteando una moción de confianza al Congreso para aprobar un proyecto de ley que reemplace a la actual ley que limita el referéndum.
Asimismo, desde Movimiento Integridad han argumentado que la aprobación y derogación de dicha ley «es competencia exclusiva y excluyente» del Congreso, y no del Gobierno.
Por ello, han asegurado que Castillo y sus ministros tendrían «el único propósito de forzar una negación de confianza y propiciar la disolución del Congreso, valiéndose, ilegítimamente, del artículo 134 de la Constitución», según ha recogido el citado diario.
En tanto, esta será la segunda denuncia constitucional que enfrentará el presidente peruano, después de que la Fiscalía General presentara ante el Congreso una acusación contra Castillo por ser, supuestamente, el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, favoreciendo a empresas privadas en procesos de licitación pública.
Con todo, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó el martes al Congreso del país que anule la denuncia por supuesta traición a la patria presentada contra el presidente peruano y aprobada por Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Tras dicha denuncia, en la que se solicitaba la inhabilitación del presidente por cinco años, el máximo intérprete de la Carta Magna peruana dio la razón a la defensa de Castillo después de que esta sostuviera que la acusación presentada por la subcomisión era arbitraria, según detalló la emisora RPP.
