La ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre ha solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que rechace la petición formulada por la acusación popular que ejerce el PSOE en la causa sobre la presunta ‘caja b’ del PP de Madrid, con la que se habrían financiado las elecciones de 2007, 2008 y 2011, para que tanto ella como los 72 diputados regionales de la época sean declarados partícipes a título lucrativo, al considerar que se trata de «un bochornoso intento de fraude procesal».
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la defensa de Aguirre ha enviado un nuevo escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, donde recuerda que la acusación popular, en este caso ejercida por el PSOE, no puede pedir responsabilidad civil, tampoco por participación a título lucrativo.
El juez instructor archivó esta pieza separada número 9 de ‘Púnica’ para Aguirre, para el también ex presidente madrileño Ignacio González y para un total de 71 imputados, mientras que procesó por esos mismos hechos a ocho personas, situando en la cúspide al ex consejero Francisco Granados y al ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.
Tras ello, la acusación socialista presentó su escrito de acusación, donde reclama a la Audiencia Nacional que condene a Granados y a Gutiérrez a 26 y 17 años de cárcel, respectivamente.
Además, solicita declarar «partícipe a título lucrativo y por los importes que se señale en sentencia a los 72 diputados autonómicos del Partido Popular que resultaron electos (y/o sus sustitutos) tras la celebración de las elecciones» de los citados años, porque el PSOE considera que «sus candidaturas se vieron igualmente beneficiadas del exceso de gasto electoral y su ocultación».
MÁS DE 70 DIPUTADOS REGIONALES Entre los entonces diputados a los que el PSOE pide condenar como partícipes a título lucrativo están Aguirre, González, Granados y los ex consejeros Lucía Figar y Salvador Victoria, que estuvieron imputados pero finalmente el magistrado decidió archivar la causa para ellos.
Destacan asimismo la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes y los ahora consejeros Javier Fernández-Lasquetty, Enrique Ruiz Escudero y David Pérez García; la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Elvira Rodríguez; o la presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia Carballedo.
También se encuentran entre esos 72 diputados Engracia Hidalgo, concejala del grupo municipal del PP y secretaria de política autonómica del PP; y Henríquez de Luna, que fue diputado regional del PP y ahora lo es de Vox.
No obstante, cabe recordar que el PSOE ha recurrido la decisión de García Castellón de exonerar a Aguirre, argumentando que la investigación ha revelado «un plan concertado» desde su llegada a la Presidencia que buscaba «conseguir financiación extraordinaria» para el PP regional.
La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha recurrido el archivo para los ex consejeros Lucía Figar y Salvador Victoria, mientras que Granados y Gutiérrez han impugnado su procesamiento.
