El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves por la noche por unanimidad que la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que aún no ha empezado a discutirse en fase de ponencia, tenga que ser debatida en sesión plenaria antes de remitirse al Senado, como había solicitado el PP.
Esta norma fue aprobada por el Consejo de Ministros a finales del pasado mes de junio, entró en el Congreso a principios de septiembre y su toma en consideración se aprobó el día 6 de octubre, tras tumbarse las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Vox.
La intención del Ministerio de Igualdad era que estuviera lista antes de final de año, algo que ya parece más difícil. La ampliación del plazo para la presentación de enmiendas parciales por parte del PSOE soliviantó a la ministra, Irene Montero, quien llegó a plantear un calendario para poder tenerla aprobada antes de 2023.
En concreto, pidió al socio mayoritario del Ejecutivo que las enmiendas se presentarán a más tardar el 2 de noviembre –una premisa que sí se cumplió– y que el trabajo en ponencia hubiera concluido el día 18 de este mes, lo que no se ha producido.
De hecho, desde el 2 de noviembre, la norma permanece ‘congelada’ puesto que aún no se ha convocado la reunión de la ponencia para empezar a discutir las aportaciones de las fuerzas políticas. Entre ellas las registradas por el PSOE para, por ejemplo, limitar la autodeterminación de género en los menores de 16 años, endurecer la reversibilidad del cambio de sexo en el registro y eliminar la asimilación de la violencia intragénero a la de género.
Con este panorama, el PP solicitó la fórmula de la avocación a Pleno para intentar retrasar aún más su tramitación y eso es lo que ha avalado el Congreso. La norma podría ser enviada al Senado directamente desde la Comisión de Igualdad, pero lo que se ha aprobado es que, antes, se debata de nuevo en el Pleno, lo que en práctica implicará retrasarla.
