El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha jactado este jueves por la noche de haber «quitado el juguete» de la sedición a los que llama «jueces fiscales» y ha pedido a Junts que no se «enfade» tanto y «ayude» para acabar con lo que consideran represión a los líderes del ‘procés’.
«Votar no es delito, se pongan como se pongan», ha dicho durante el debate de toma en consideración de la proposición de ley de reforma del Código Penal impulsada por PSOE y Unidas Podemos pero pactada también con su formación.
Rufián ha negado que esta reforma sea «una concesión a ERC» o al independentismo y ha defendido que es una «concesión a la democracia» para que España deje de «hacer el ridículo en Europa».
NO PODEMOS CAMBIAR AL PSOE NI A LOS JUECES El portavoz se ha quejado que desde que se anunció el acuerdo sobre este texto a los dirigentes de ERC les ponen «declaraciones gente el PSOE haciendo de gente del PSOE» y ha incidido en que su formación no puede «cambiar al PSOE» para que deje de hacer lo que lleva haciendo desde hace 40 años.
«Tampoco podemos cambiar al Poder Judicial español, no podemos porque es un problema endémico de este país, sólo podemos aspirar a ponérselo un poco más difícil al juez o jueza facha de turno», ha asumido, congratulándose, en este sentido, de haber «quitado el juguete a los jueces fascistas eliminando un instrumento decimonónico».
NO SOMOS CRÍTICOS DE CINE SOMOS POLÍTICOS «Y a quien no le guste el trabajo de ERC, si comparte un mínimo de valores con nosotros que ayude, que ayude porque no somos críticos de cine viendo una película, somos políticos que tenemos que formar parte de la solución, no del problema. Hay gente que está muy enfadada, pero no tenemos derecho a estarlo, estamos aquí para intentar solucionarle la vida a la gente», ha dicho.
Previamente, el diputado de Junts Josep Pagès había sido muy crítico con una iniciativa que considera que «parte del supuesto falso» de que el ‘procés’ fueron «hechos delictivos» como, a su juicio, ya ha demostrado la Justicia europea.
En su opinión, la reforma ‘Sánchez-Aragonés’ –como la ha bautizado en referencia a los presidentes del Gobierno central y de la Generalitat– es una «solución a la carta que salva a unos pocos» pero «condena a miles de represaliados» y persigue sentar ante la Justicia española al expresident Carles Puigdemont resolviendo, de paso, «el ridículo» que hizo el juez Pablo Llarena «con las euroórdenes».
«No vamos a ser los tontos útiles que avalen esta especie de sedición impropia», ha proclamado, denunciando que la reforma no es más que la «supresión parcial» de la sedición y que esconde una «contrapartida inasumible» como es la «criminalización de la protesta» a través del nuevo delito de desórdenes públicos agravados.
Desde el PDeCAT, Genís Boadella ha saludado la supresión de un delito «anacrónico» como la sedición, aunque ha lamentado que no se haya hecho antes y se ha comprometido a presentar enmiendas para «garantizar mejor el ejercicio de los derechos fundamentales». «Tenemos el deber de mejorar la propuesta, de hacer política y de dar pasos hacia un Código Penal propio de una sociedad más democrática y libre».
LA CUP, EN CONTRA La diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha admitido que con la derogación de la sedición el independentismo logra un «hito clásico» pero ha remarcado que, con esta propuesta, también el PSOE «gana», puesto logra «un mayor control de la protesta en medio de una crisis económica sin precedentes» gracias a la introducción de concepto de «intimidación».
«Trasladan el espíritu de la sedición al orden público y matan dos pájaros de un tiro: hacen un maquillaje democrático ante Europa pero mantienen la mano dura y convierten en delito cortes de carreteras y la ocupación de espacios públicos y privados», ha denunciado Vehí.
A su juicio, con esta nueva regulación «el 15M podría ser delito», lo que evidencia que el PSOE teme tener a «miles de personas en las calles» y la «desobediencia civil» que ejerció masivamente el independentismo.
