La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ante la publicación de las listas de espera a junio de 2022, por parte del Ministerio de Sanidad, considera que se observa que ha «empezando a aflorar las personas no intervenidas durante las sucesivas olas de la pandemia y que el sistema sanitario no esta demostrando suficiente capacidad para atenderlas».
«Las listas de espera comunicadas oficialmente (que no siempre reflejan la realidad de las mismas debido a las sistemáticas operaciones de maquillaje) no han cesado de crecer, de hecho, el número de personas en lista de espera quirúrgica (LEQ) es el mayor registrado hasta la fecha», advierte ante los datos dados (742.518 personas, 35.778 más que en diciembre de 2021 y 81.356 más que en junio de 2021).
En cuanto a la lista de espera en consultas externas esta en 79 días con un 49,3% que espera más de 2 meses, «otra barbaridad», advierte, con una tasa por 1.000 habitantes de 79,3 (es decir más de 3,75 millones de personas en LEC), que van desde 107 días en Aragón hasta 50 en Baleares.
«Conviene recordar que las listas de espera son sumatorias», lo que supone, añade, «un mar de esperas que superan frecuentemente el año, y en algunos casos los 2 años. Totalmente intolerable».
Por otro lado algunas cifras son «simplemente increíbles», afirma en referencia a la Comunidad de Madrid que advierte de una demora media de 51 días para lista de espera en consultas externas (LEC) y un porcentaje del 69,1% que espera más de 60 días. «Lo que para ser posible supondría que todos los que esperan más de 60 días esperasen menos de 70 días y del resto algunos esperasen menos de un día, es decir recibieran la cita en consulta externa antes de ser derivados, y todo ello cuando se conoce de manera fehaciente que se están dando citas para consulta externa en Noviembre de 2024», manifiesta.
La FADSP propone el desarrollo de un Plan de abordaje de las listas de espera con una utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública y de una inversión especifica para conseguirlo. «A pesar de las promesas de los responsables de las administraciones sanitarias, es obvio que no se ha avanzado, y la Sanidad Pública sigue sin tener la necesaria inversión, como se puede comprobar en los presupuestos para 2023 (nacionales y autonómicos)», afirma.
Por tanto, «hay que cambiar la política sanitaria y hacer un esfuerzo inversor y de utilización de los recursos públicos que acabe con esta situación y garantice la población el derecho a la protección de la salud que los poderes públicos están obligados a asegurar tal y como señala la Constitución», concluye.
