Nuevo secretario general de los obispos ve «alarma social justa» por rebaja de penas con la Ley del sólo sí es sí

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El nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, en rueda de prensa. – EUROPA PRESS

El nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, ha pedido «no culpabilizar o responsabilizar a los jueces» de la rebaja de condenas por abusos que se ha producido como consecuencia de la aprobación de la conocida como ‘Ley del solo sí es sí’ y considera que se ha generado «una alarma social justa».

«Hemos visto todos las dificultades jurídicas y las consecuencias, con un poco de alarma social justa, que se ha producido. Eso mire, cuando una ley se ve que es imperfecta, que puede provocar lagunas, se resuelve en el Parlamento que es quien tiene el poder legislativo, los jueces no tienen la culpa, lo que hacen es aplicar la ley, son como un cocinero, que cocina los alimentos que se le dan, si se le da un chuletón y le dicen: ‘¿Por qué no me has hecho pescado? Pues porque me has dado carne'», ha declarado García Magán este viernes, en la rueda de prensa final de la CXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

En este sentido, el nuevo secretario general de los obispos españoles ha insistido en que es en el Parlamento español donde caben «posibles modificaciones» de la Ley del sí es sí y ha insistido en que «no hay que culpabilizar o, mejor, responsabilizar a los jueces».

Además, con motivo de la conmemoración este viernes 25 de noviembre del Día para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el también obispo auxiliar de Toledo ha condenado la violencia machista y ha mostrado su preocupación por el hecho de que cada vez se dé más entre los jóvenes.

«Es una violencia condenable, execrable, nunca justificable, preocupante para nuestra sociedad», ha denunciado, al tiempo que ha invitado a hacer una «reflexión» sobre el «alto índice» en esas franjas de edad. «Resulta que los más jóvenes están recibiendo formación y luego pasa esto, hay algo que no funciona», ha abundado.

Asimismo, ha pedido no relacionar esta violencia con «otras latitudes geográficas o etnias» ni tampoco con «capas sociales con menos o más poder adquisitivo» porque considera que es «un problema muy serio» que afecta de manera «transversal».

CONSENSO PARA LA LEY DE FAMILIAS Respecto al anteproyecto de la Ley de Familias, que se aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros, García Magán desearía que hubiera «un consenso» en un asunto como este, y ha defendido el «modelo de familia del Evangelio», aunque ha precisado que esto no implica «ninguna condena o exclusión» a otras personas por parte de la Iglesia.

«No se trata de condenar a nadie sino de respetar a todas las personas. La iglesia, los obispos, los laicos tenemos derecho no solo de vivir según ese modelo sino de proponerlo, pero eso no significa ninguna condena ni exclusión a nadie», ha ahondado, pidiendo respeto también para la opción de la Iglesia.

En todo caso, ha insistido en que «en una sociedad democrática, las leyes que afectan a aspectos fundamentales del bien común siempre sería interesante que hubiera un cierto consenso a la hora de legislar». En este sentido, ha señalado que a los obispos les hubiera gustado que les hubieran consultado para hacer sus aportaciones a la Ley de Familias.

Además, en concreto, sobre el matrimonio, García Magán ha aclarado que «el matrimonio no se lo inventó Jesucristo» sino que «ya existía en el derecho romano y griego, y que lo que hace Jesucristo es «coger esa institución preexistente y decir que cuando se da entre cristianos es un sacramento».

PROTOCOLO CONTRA LOS ABUSOS Por otra parte, los obispos españoles han aprobado un Protocolo Marco de prevención y actuación en caso de abusos y unas líneas guía para la actuación en caso de abusos sexuales a menores.

Estas líneas guía serán «una especie vademécum» para que en las diócesis haya unos «criterios objetivos» que desarrollen y especifiquen la normativa común, como el Código de Derecho Canónico.

García Magán ha remarcado que este nuevo protocolo y las líneas guía son signo de que la Iglesia católica española «continúa trabajando» en «la actualización de procedimientos».

«Esa actualización mira a las oficinas diocesanas, a los institutos de vida consagrada para dar una respuesta en justicia, en caridad, en perspectiva eclesial y evangélica a esas víctimas del pasado pero también queremos mirar al presente y al futuro», ha concretado.

Entre otras indicaciones, en el protocolo se incluye que cada iglesia particular reserve un fondo para ayuda psicológica o médica que puedan necesitar las víctimas de abusos y se incluyen anexos sobre la obligatoriedad de presentar certificado negativo de delitos de abusos.

Asimismo, García Magán ha detallado que se ofrecen criterios a la hora de la prevención, teniendo en cuenta el nuevo derecho penal canónico que «amplía el sujeto activo del posible abuso no solo al ámbito de los clérigos, sino a institutos de vida consagrada y a laicos con oficio en la Iglesia», como catequistas, monitores o profesores.

Precisamente, preguntado en relación a este cambio de normativa, por el caso Gaztelueta, por el que la justicia española condenó a dos años de prisión a un exprofesor del colegio Gaztelueta de Leioa (Vizcaya) por abusos sexuales a un alumno menor de edad, el obispo ha precisado que, aunque la ley no es retroactiva, «el Papa en este caso parece que ha hecho una derogación a ese principio de irretroactividad».

Por otro lado, sobre un caso de presuntos abusos en el seminario menor de Toledo –la diócesis del secretario general–, García Magán ha precisado que está «sub júdice» pero, en cualquier caso, ha defendido que su diócesis ha «hecho los deberes, lo que marca la normativa canónica» y que el sacerdote acusado tiene impuestas «desde años, medidas cautelares canónicas». El retraso que se ha podido producir, según ha añadido, «no se ha debido a la jurisdicción canónica sino de otro orden».

Además, tras la salida a la luz de varios casos de abusos cometidos por obispos franceses, preguntado por si hay obispos españoles acusados de un delito de este tipo, García Magán ha respondido que no tienen ninguna constancia de ningún caso.

Entre otros asuntos abordados durante la Asamblea Plenaria, los obispos también han aprobado la modificación de los estatutos de Cáritas Española y, en este sentido, el secretario general de la CEE ha puesto de relieve que «Cáritas es hoy, junto a la pastoral de migraciones, uno de los signos fuertes de credibilidad que presenta la Iglesia en la sociedad actual».

En materia económica, los obispos han aprobado el reparto del Fondo Común Interdiocesano, que se constituye con la partida correspondiente a la Asignación Tributaria. El importe por recibir en 2023 es la suma del pago a cuenta para 2023 –está previsto en un 70% del importe de la última liquidación definitiva, es decir, 70% de 297.680.215 euros–, y de la liquidación del resultado de la campaña de asignación correspondiente al IRPF 2021, campaña 2022.

De acuerdo con el mecanismo establecido de comunicación del resultado de la asignación, a la fecha de hacer el presupuesto no se dispone del dato de la campaña de renta del 2022, por lo que se procede realizar una estimación. Así, se ha establecido como cantidad objetivo algo más de 309 millones de euros, lo que representa un 4,9% de incremento con respecto al presupuesto inicial del año anterior y un 4% más en relación con el resultado definitivo del IRPF 2020, campaña 2021.