El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha augurado hoy que «en tres o cuatro años» los tribunales anularán la ley para introducir nuevos gravámenes a empresas energéticas y banca porque –textualmente– no está bien pulida.
También ha destacado que las exigencias de su formación para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) fueron sobre transferencias a Ayuntamientos y entidades para garantizar la ejecución de las inversiones.
«Todo lo que hemos negociado no son instalaciones o obras que deba ejecutar el Estado, son transferencias», ha reivindicado en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 de este lunes recogida por Europa Press.
Ha detallado que «entre la tercera y la cuarta semana de enero» entrará en vigor la gratuidad del transporte por carretera dependiente del Gobierno, que el partido exigió al entender que hay muchas partes del territorio que no disponen de ferrocarril, y ha abogado por extender la medida a transportes por carretera vinculados a otras administraciones, como la Generalitat.
Asimismo, ha considerado difícil de entender el rechazo a las Cuentas ante el contexto económico, y ha dicho que el PDeCAT priorizó mejorar la vida de la ciudadanía y aumentar los recursos para Cataluña: «Más vale ser el tonto útil que el listo inútil, y esto en política te lo tienes que aplicar cada día», ha defendido.
Y ha defendido que la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley del ‘solo sí es sí’, es «una mejora sustancial respecto a la legislación anterior», si bien ha reivindicado que el PDeCAT avisó de posibles problemas de interpretación.
UNIDAD DEL INDEPENDENTISMO Bel ha lamentado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no sea una figura reconocida por el conjunto de los catalanes y de los independentistas –como a su juicio debería ser– al entrar «en los rifirafes políticos», y ha opinado que podría hacer mucho más.
En esta línea, ha exigido a los partidos «ser realistas» a pesar de mantener la independencia como prioridad, y a Junts y a ERC mirada larga y autocrítica para preguntarse qué han hecho los sucesivos Ejecutivos para avanzar hacia la independencia.
Ha remarcado que el Consell per la República (CxR) no se desarrolla como se concibió inicialmente por falta de consenso y ha avisado que en «ningún caso» puede ser sustitutivo de las instituciones catalanas –Parlament, Generalitat y ayuntamientos, ha detallado–, quien ha destacado que tiene la legitimidad democrática.
Ha lamentado que los órganos de dirección de la entidad «han quedado muy escorados en torno a personas vinculadas sencillamente a una formación política» –en referencia a Junts–, lo que a su modo de ver dificulta que sea un punto de encuentro de los partidos.
