El Congreso activará el próximo miércoles 30 de noviembre la tramitación de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, un mes después de que los grupos registraran sus enmiendas parciales al texto.
La convocatoria de la ponencia llega en medio del enfrentamiento entre los socios de Gobierno sobre la autodeterminación de género de los menores de edad. El grupo parlamentario socialista registró el 31 de octubre sus enmiendas parciales a la ley con las que pretende que los menores de 12 a 16 años necesiten el aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil, una exigencia que el texto actual contempla únicamente para los menores de 12 a 14 años.
La ministra de Igualdad, Irene Montero ha avanzado este lunes, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, que «el PSOE no quiere el acuerdo e irá con sus enmiendas a la ponencia».
Irene Montero ha admitido estar «preocupada» ante «el momento difícil de la tramitación de la ley», por la posibilidad de que «PSOE y PP puedan sumar (votos) para que se produzcan recortes de derechos en la infancia trans». No obstante, ha asegurado que «todavía quedan horas» para tratar de reconducir la situación. «El PSOE me ha trasmitido que no quiere ese acuerdo, pero estamos a tiempo de tratar de que eso no ocurra», ha insistido la ministra de Igualdad.
PSOE NO DA POR CERRADAS LAS NEGOCIACIONES Por su parte, fuentes socialistas han asegurado a Europa Press que «el PSOE no da por cerrado ningún proceso de negociación respecto a esta ley» y que mantiene sus enmiendas dentro de lo que todavía es el trabajo parlamentario de cualquier texto legislativo.
Además, las mismas fuentes subrayan que, tal y como ya han expresado en anteriores ocasiones, el objetivo del PSOE en esta fase es «la seguridad jurídica» de la ley y su «blindaje» respecto a los «más que previsibles» recursos al Tribunal Constitucional del PP y VOX.
Precisamente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este lunes que no se trata de tener una posición «inmovilista» con respecto a la Ley Trans sino de «reforzar la seguridad jurídica» para los menores de 14 a 16 años, de forma que necesiten el aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil.
«Es una cuestión imprescindible, fundamental, tener esa seguridad jurídica», ha remarcado Montero en declaraciones a los medios, al tiempo que ha defendido que es lo normal «presentar enmiendas» como con «cualquier proyecto legal».
Así, ha añadido que «no se trata de posiciones inmovilistas sino de perseguir el interés general» y, en esta línea, ha indicado que «esta enmienda persigue la seguridad jurídica de los menores, un colectivo muy sensible a proteger» pero ha precisado que «no se niega su derecho a la inscripción en el registro» de estos menores de 14 a 16 años.
INDIGNACIÓN DEL COLECTIVO TRANS Y FAMILIAS Tras conocerse que el PSOE no va a retirar sus enmiendas a la ley, colectivos trans y de familias han mostrado su «indignación» y su «repulsa» por lo que consideran «un nuevo ataque a los derechos humanos de las personas trans».
Para la Plataforma Trans, las enmiendas presentadas por el grupo socialista «no solo son lesivas para los derechos humanos y la dignidad de las infancias trans, un colectivo que sufre unas altas tasas de bullying escolar y de intentos de suicidio, sino que van en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 que declaró que es anticonstitucional no reconocer el sexo de los menores trans».
«Al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional, muchos menores ya están viendo reconocida su identidad, la enmienda que quiere imponer el PSOE, no solo es anticonstitucional negándose a acatar la sentencia del alto tribunal, sino que supone un paso atrás en sus derechos, retrotrayéndonos a los tiempos del postfranquismo donde se nos obligaba a pasar por un trance judicial», ha declarado la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé.
Además, ha advertido al PSOE de que, si persiste en el «chantaje para menoscabar» los derechos de las personas trans, será «un partido non grato en los espacios LGTBIQ y en los orgullos». «Sin derechos no hay foto, por lo que no será bien recibido», ha remarcado Cambrollé.
POSICIONAMIENTO HOSTIL Por otro lado, desde Euforia Familias Trans-Aliadas, también han criticado la decisión del PSOE de no retirar sus enmiendas a la Ley Trans, un posicionamiento que consideran «abiertamente hostil hacia la existencia de las personas trans».
«El PSOE actual está dilapidando su legado histórico de lucha y de avances en derechos, una parte por su posicionamiento abiertamente hostil hacia la existencia de las personas trans y la otra parte por mirar hacia otro lado», ha denunciado la presidenta de Euforia Familias Trans-Aliadas, Natalia Aventín.
Según ha recordado, las familias ya llevaron la actual Ley al Tribunal Constitucional y consiguieron que se declarara inconstitucional por discriminar a menores. Además, ha destacado que este año han conseguido «al menos tres autos favorables de rectificación registral de sexo, sin aportar informes, para tres personas de entre 8 y 9 años».
Por ello, ha asegurado que seguirán «implacables luchando para que los derechos de las infancias trans, binarias o no binarias, independientemente de su situación administrativa, se reconozcan».
ANUNCIAN MOVILIZACIONES Al mismo tiempo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans, y Fundación Triángulo han anunciado que convocarán movilizaciones conjuntas del colectivo LGTBI+ en los próximos días contra los «recortes en derechos que pretende imponer el PSOE» en la Ley Trans.
Con estas movilizaciones, el colectivo quiere reclamar a los socialistas que negocien y retiren la enmienda con la que quieren que los menores de 14 a 16 años necesiten el aval del juez para cambiar su sexo en el Registro Civil.
Para la presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil, «el partido socialista está poniendo en peligro una ley que lo único que pretende es garantizar la dignidad de una de las minorías más vulnerables de nuestro país». «No podemos seguir teniendo una legislación que discrimina a parte de su ciudadanía», ha remarcado.
Por su parte, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, ha asegurado que las personas LGTBI+ no entienden «que el mismo partido que aprobó el matrimonio igualitario esté poniendo en riesgo el reconocimiento de la igualdad de derechos de las personas trans; y la presidenta de Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans, Ana Valenzuela, ha asegurado que saldrán a la calle «en breve» para defender a su infancia.
«Se trata de menores que sufren día a día por tener que vivir en un país que, aunque presume de ser pionero en derechos LGTBI+, les niega, les cuestiona, invalida su voluntad y les expone a numerosas violencias amparadas por una ley vigente que, en contra de lo que ya reconoció la OMS y nuestro propio Tribunal Constitucional, sigue considerándolas personas enfermas mentales, y susceptibles de pasar por la jurisprudencia para poder ser», ha denunciado.
