El Gobierno considera «muy minoritaria» en España la introducción de cláusulas de actualización de precios con base en el IPC en servicios de telecomunicaciones y niega que sea una práctica general de las compañías.
Según consta en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo apunta que la comunicación a los clientes de la introducción de estas cláusulas por parte de los operadores de telecomunicaciones que operan en España no ha sido una práctica «ni mucho menos generalizada».
No obstante, el Gobierno reconoce que «algún operador nacional» sí ha introducido una cláusula de actualización de precios según la evolución del IPC. Esto hace referencia a Vodafone, que anunció en septiembre que sus nuevos contratos incluirían una cláusula de revisión ligada al IPC. Por su parte, Movistar también subirá a partir de enero un 6,8% de media sus precios, mientras que Orange, tras revisar sus tarifas en verano, ha optado por no subir precios a corto plazo.
El Ejecutivo ha incidido además en que estas nuevas cláusulas o subidas han coincidido con la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Sin embargo, el Ejecutivo ha aclarado que la coincidencia «no puede calificarse más que como tal», ya que los operadores podrían haber comunicado este precepto «en cualquier otro momento, y no existiendo vinculación alguna de este extremo con la Ley».
En este sentido, el Gobierno ha recordado que los clientes podrán por tanto ejercer su derecho de no aceptación de las nuevas condiciones a aquellos operadores que les hayan notificado este tipo de cambio en el plazo legal establecido para ello.
