El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del ‘caso Popular’ ha citado como testigo para el próximo 19 de enero, a las 9.00 horas, al que fuera director de la oficina de tasaciones de la entidad, Cecilio Real, para esclarecer las «numerosas anomalías señaladas por los peritos en sus informes».
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha estimado la petición de Algebris (UK) Limited, que solicitaba que se escuchara al mencionado excargo en calidad de testigo.
La acusación alegó que la declaración es «relevante» para «esclarecer si las tasaciones utilizadas por el banco se ajustaban a los criterios de la Orden ECO 805/2003», de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, «tal y como la propia entidad publicaba en sus cuentas anuales».
Asimismo, Algebris consideró que la testifical permitirá esclarecer «por qué se utilizaron tasadoras que no se encontraban inscritas en el Banco de España, desde cuando se iniciaron estás prácticas, quien lo sabía, etc».
El juez ha recordado que en enero de 2021 el Banco Santander aportó el organigrama de la intervención general del Banco Popular, en el que figuraba Cecilio Real en el departamento de Control de Gestión, donde «presumiblemente se gestionaba toda la operativa de tasación inmobiliaria».
En este sentido, el magistrado ha señalado que «tras la última ratificación pericial, se pone de manifiesto la necesidad de que preste declaración, toda vez las numerosas anomalías señaladas por los peritos en sus informes».
INFORME DE LOS PERITOS Al margen, el juez José Luis Calama recientemente solicitó una nueva ampliación de informe a los peritos del Banco de España Teodoro Fernández y Álvaro López después de que surgieran una serie de dudas en su declaración en sede judicial.
En el primer informe, los peritos apreciaban un déficit por valor de 135 millones en la entidad en el ejercicio de 2015. En la ampliación, solicitada por el instructor, los expertos concluyeron que la extinta entidad debió reflejar pérdidas por valor de 1.019,897 millones de euros en el ejercicio de 2015 en lugar del beneficio de 105,394 millones que declaró.
Las fuentes consultadas por Europa Press aseguraron que los peritos se ratificaron en sede judicial y que la Fiscalía les preguntó por la relación entre sendas cifras. Es decir, entre el déficit por valor de 135 millones primero y las supuestas pérdidas por 1.019 millones.
Los peritos, que se han ratificado en el resto de cuestiones contenidas en sus informes, no habrían ofrecido una respuesta lo suficientemente clarificadora a ojos del Ministerio Público o del propio juez, lo que motivó la petición de una segunda ampliación.
