La Guardia Civil recoge en un informe elaborado para la Audiencia Nacional un pormenorizado análisis de la actividad terrorista de la banda terrorista ETA entre los años 1994 y 2004: contaba con aproximadamente 1.000 militantes y llevaron a cabo 480 acciones terroristas con un total de 101 víctimas mortales.
Estos datos aparecen en el informe elaborado por la Guardia Civil en el marco de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional para determinar qué miembros de la cúpula ejercían como tal cuando se dieron las «órdenes oportunas» para matar al magistrado del Tribunal Supremo Francisco Querol y a otras dos personas el 30 de octubre del año 2000 en Madrid.
Esta investigación arrancó en el Juzgado Central de Instrucción número 5 a raíz de la querella presentada por Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de la asociación Dignidad y Justicia. Ahora, en más de 300 páginas, los agentes, además de repasar la actividad de cada uno de los jefes de ETA de entonces, analizan detalladamente la situación y actividad de la banda.
Así, por ejemplo, explica que, de esas 480 acciones –entre los que se encuentran el atentado al expresidente del Gobierno José María Aznar o el secuestro de José Antonio Ortega Lara–, 34 tuvieron lugar en Madrid con resultado de 24 víctimas mortales.
«ESTABILIDAD» DE LA BANDA Los agentes de inteligencia indican que en octubre de 2000, año en el que se perpetró el atentado al juez Querol, ETA estaba integrada aproximadamente por unos 1.000 militantes. Para llegar a esta cifra, la Guardia Civil se ha valido de documentos internos de la banda denominados como ‘H-211-Akta’, ‘H-211-Egitura’ y ‘H211-Ondorioak’ –referentes a actas del Comité Ejecutivo (Zuba)–, que fueron incautados en 2002 a miembros de la organización en diferentes operaciones policiales llevadas a cabo en Francia.
De ellos se desprende que esa cifra de militantes, recogida en actas internas de noviembre de 2002, incluía también a aquellos que se encontraban internos en centros penitenciarios.
La Guardia Civil considera que en el momento en el que se produjo el atentado contra el juez, «la organización terrorista ETA mantenía una gran estabilidad estructural tanto en sus líneas de actuación como en el número de miembros que integraban sus diferentes aparatos». Por eso, argumenta, la cifra del número de miembros expuesta en la reunión de noviembre de 2002 era «muy aproximada a la del momento de producirse el citado atentado terrorista».
Sobre esa estabilidad en la estructura, el informe asevera que el comité ejecutivo de la banda «no habría sufrido cambios significativos desde el año 1999 hasta septiembre del año 2002», momento en el que se produjo la detención de los máximos responsables del ‘Aparato militar’, Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Mugica Goñi.
EL CONTROL SOBRE LOS APARATOS DE ETA Además, los agentes entran a explicar que la banda terrorista estaba dividida en principalmente en tres aparatos: el militar -‘Otsagi’-, el logístico -‘Lohi’-; y el aparato político -‘Poltsa’-.
Del primero recuerdan que sus funciones principales eran la captación de nuevos miembros que pasarían a formar parte de la estructura de la organización; impartir cursillos de formación centrados en el aprendizaje del uso de armas y explosivos así como en la difusión del componente ideológico; elaborar informaciones de los diversos objetivos sobre los que atentar; y materializar las acciones terroristas.
Sobre el aparato logístico –al que dedican un extenso apartado– apuntan que tenía «funciones propias basadas en la adquisición de material, falsificación de documentaciones y placas de matrícula».
En cuanto al aparato político, apuntan que se dedicaba a la gestión de la economía de la organización terrorista, «incluyendo aquellos ingresos procedentes de la extorsión». «También se encargaba de la gestión del colectivo de presos «mediante una estructura denominada ‘Halboka’, del desarrollo de aquellas infraestructuras preparadas para acoger a los miembros huidos, la creación de propaganda y la cooperación internacional». Explican que este aparato contaba al menos con hasta siete subaparatos.
El informe resalta que entre los diferentes documentos de acta requisados a la cúpula de ETA de la época se incluía «información acerca del número de miembros encuadrados en cada uno de los ‘aparatos’. Y es más, añadía en ese recuento «a todos aquellos que se encuentran presos en cárceles, refiriéndose a ellos con el término ‘Bahituta'».
Esto pone negro sobre blanco que el ‘comité ejecutivo’ de ETA estaba al tanto de cada aparato de la banda, y que para ello «realizaba reuniones periódicas, habitualmente con carácter bimensual, en las cuales se trataban los aspectos de mayor relevancia para la organización terrorista».
Esta periodicidad queda de manifiesto en el documento ‘H-211-Egitura’ puesto que contiene un balance de contabilidad por el cual se analiza el número de miembros que integraban los diferentes aparatos y subaparatos de ETA en los meses de abril, julio, sepiembre y noviembre de 2002.
LA DGZ ACTUALIZADA En el informe, los agentes también se hacen eco de una base de datos interna de la banda, que se denomina ‘DGZ’ –Data Gune Zentrala, Base Central de Datos en castellano–, y que fue localizada por la policía francesa en la operación policial que supuso la detención del dirigente Francisco Javier López Peña en Burdeos (Francia) en mayo de 2008.
En esa base de datos, que fue facilitada a la Jefatura de Información de la Guardia Civil, figuraban fichas particularizadas sobre posibles objetivos. La dirección de la banda, en función del tipo de ‘frente’ contra el que materializar atentados, «la iba nutriendo y actualizando».
«El objetivo de la base ‘DGZ’ no sería otro que recopilar todas las informaciones en poder de la Organización sobre potenciales objetivos para ser posteriormente utilizados en función de las necesidades que la dirección estimase oportuno», dice el informe de la Guardia Civil.
De hecho, esa actualización de la base de datos, dice la Guardia Civil, queda reflejada en el caso del asesinato del juez Querol porque estiman que una vez realizaron el atentado contra él en octubre de 2000, «los encargados de gestionar la base de objetivos de ETA habrían actualizado la ficha particularizada que sobre el mismo figuraba (…) con las palabras ‘ekintza’ (acción terrorista) y ‘zendu’ (muerto).
