La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha reclamado al Gobierno «certidumbre y diálogo» para consensuar qué sucederá a partir del próximo 1 de enero con la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante vigente hasta el 31 de diciembre, para evitar «el absoluto caos» del pasado mes de abril.
En un comunicado, la patronal de los gasolineros, que aseguró que a día de hoy la Administración no se ha puesto en contacto con ella para explicar qué sucederá con la bonificación, pide al Ejecutivo «un diálogo abierto y transparente», con el objetivo de poder preparar los sistemas informáticos de las estaciones de servicio para el nuevo escenario que se tenga con el inicio del año.
En este sentido, CEEES recordó que el modo en el que la Administración decidió comunicar e implantar la bonificación el pasado 1 de abril «generó un absoluto caos en la mayoría de las estaciones de servicio españolas», que tuvieron apenas 40 horas para implementar los cambios necesarios en sus sistemas informáticos, «perfectamente capaces de hacer descuentos comerciales pero que no estaban preparados para hacer bonificaciones».
A este respecto, estimó que esas adaptaciones y la extrema urgencia con la que hubo que desarrollarlas supusieron un coste sobrevenido para las empresas del sector de más de 3.000 euros por estación de servicio.
INSISTÍ EN DEFENSA DE LA REBAJA IMPOSITIVA.
Asimismo, CEEES indicó que desde hace más de un año viene defendiendo que la rebaja impositiva sería «la mejor opción», tal y como se ha aplicado a otras energías, como la electricidad y el gas.
Por otra parte, el presidente de la patronal, Jorge de Benito, señaló que, con el actual sistema por el que la subvención es adelantada por las estaciones de servicio, los empresarios del sector vienen «actuando como banqueros de la Administración casi ocho meses».
Por ello, advirtió de que, si a partir de enero el Gobierno quiere limitar la bonificación a los ciudadanos con menores niveles de ingresos, ya debería haber explicado al sector «de qué manera tiene pensado hacerlo», ya que es «materialmente imposible que además de ser sus banqueros, la Administración nos pida que hagamos de inspectores de Hacienda, por muy colaboradores suyos que seamos», dijo.
