El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, considera que algunas de las medidas de ingresos que se incorporan en el plan presupuestario, como son los impuestos temporales a entidades financieras y energéticas, requerirían de un diseño «más adecuado».
Así lo ha trasladado el gobernador del Banco de España durante su intervención en la Comisión de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, que ha arrancado este martes en el Senado con su comparecencia.
El Banco de España estima que los gravámenes temporales de determinadas entidades de crédito y empresas del sector energético podrían recaudar, conjuntamente, en torno a 2.500 millones de euros en 2023 y 2024, algo menos respecto a las previsiones del Gobierno.
En cuanto al impuesto sobre determinadas entidades de crédito, el gobernador se ha remitido a la opinión trasladada por parte del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), donde apunta que el tributo español temporal a la banca puede lastrar el crédito.
De Cos ha recordado que en el dictamen se señala que su introducción debe ir precedida de un análisis exhaustivo de las consecuencias para el sector bancario, al objeto de garantizar que no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector y la concesión de créditos, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico.
En este sentido, aunque el incremento de los tipos de interés oficiales tiende a mejorar el margen de intereses de las entidades, la materialización de los riesgos a la baja sobre el crecimiento en el entorno actual puede generar un menor volumen de crédito, pérdidas en la cartera de valores y aumentos en las provisiones por deterioro de la calidad de la cartera de crédito.
Además, dado que el gravamen se aplica sobre los ingresos y no sobre los beneficios, se subraya que la consideración de una entidad de crédito como obligada al pago del gravamen temporal mientras registre pérdidas netas distorsionaría significativamente y perjudicaría aún más la resiliencia de un banco deficitario.
En el caso del impuesto temporal sobre las empresas del sector energético, este se aplica también sobre los ingresos, sin tener en cuenta los costes, por lo que debería diseñarse para gravar los beneficios extraordinarios que motivan su creación, sugiere el gobernador.
CARÁCTER «MÁS FOCALIZADO» DE LAS MEDIDAS FISCALES TRANSITORIAS El gobernador también ha aprovechado para recomendar al Ejecutivo que, en caso de que se extiendan en 2023 las medidas impositivas aprobadas este año para hacer frente al alza de precios, se haga con «un carácter claramente más focalizado».
Estas medidas fiscales forman parte del paquete impulsado desde el Ejecutivo para hacer frente al alza de precios. Según las previsiones del Banco de España, el impacto de las medidas habría contribuido en octubre a reducir inflación general en algo más de 2 puntos porcentuales. De las medidas, el descuento al precio carburantes y el tope al precio de la tarifa gas son las dos con un impacto mitigador más elevado, de en torno a 1,5 puntos porcentuales.
En cambio, el impacto de las medidas que afectan al precio de la electricidad ha sido más modesto en octubre, puesto que el efecto de la excepción ibérica fue reducido debido a la caída del precio del gas y a que las rebajas de impuesto especial sobre la electricidad y la disminución de cargos en facturas eléctricas ya han dejado de tener impacto en la inflación, ya que empezaron a aplicarse a mediados de septiembre, por lo que en comparación interanual se va diluyendo su efecto.
