El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que busca luchar contra todo tipo de explotación, desde la hasta la laboral, pasando por la mendicidad o el tráfico de órganos. Además, se introduce por primera vez el delito de explotación laboral.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado que esta ley es «fruto del consenso interdepartamental», «acaba con la dispersión normativa» actualmente existente en España y sigue las recomendaciones que se han ido aprobando a nivel internacional.
«Estoy segura de que será un antes y un después en el compromiso por la protección de los derechos humanos y con una lucha mucho más eficaz contra las mafias de explotación. Es el tercer negocio más lucrativo después del tráfico de armas y de drogas», ha remarcado Llop.
El texto, desarrollado bajo la dirección del Ministerio de Justicia, ha sido copropuesto junto a los ministerios de Igualdad, Interior, Inclusión, y ha recibido aportaciones y observaciones de otros nueve ministerios (Asuntos Económicos, Hacienda, Agricultura, Política Territorial, Universidades, Educación, Sanidad, Derechos Sociales y Trabajo).
Llop ha puntualizado que este anteproyecto aborda de manera integral todas las formas de explotación e incide en la desincentivación de la demanda con el fin de «desarticular» y «romper los eslabones» de la «cadena de trata».
Asimismo, más allá de la respuesta penal, recoge también la prevención y la sensibilización de la sociedad y la asistencia a la víctima, garantizándole una serie de derechos y apoyos. También se establecen medidas en los ámbitos educativo, sanitario, de publicidad y medios de comunicación y la adopción de dichas medidas en el ámbito del sector privado y empresarial, para evitar la explotación; y se fortalecen las normas laborales en sectores más sensibles, contando con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Con carácter general, se reconoce el derecho a una protección y la asistencia especializadas, adecuadas a la tipología de trata y explotación sufrida y al perfil de la víctima. Se le informará en un idioma que pueda comprender, con ayuda de un intérprete o mediador cultural si fuera necesario, y en estrecha colaboración con las entidades especializadas acreditadas.
Se reconoce también el derecho a la privacidad y a la protección de la identidad de la víctima desde el momento de la detección y el derecho a la asistencia jurídica gratuita; así como derechos laborales y el acceso a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, según ha precisado la ministra. Tal y como ha resumido Llop, es «un texto victimocéntrico», es decir, «muy centrado en las víctimas».
Por otra parte, se crea el Mecanismo Nacional de Derivación (MND), como órgano encargado de la inmediata derivación de las presuntas víctimas de trata; y una Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, que supervisará todas las políticas públicas en esta materia.
La norma contempla también la protección de menores víctimas de trata y explotación, reconociendo el derecho a una protección y asistencia especializadas, con un procedimiento ágil y bajo el principio del interés superior del menor.
Asimismo, se garantiza la información y participación de los menores en todos los procedimientos y la continuidad de la asistencia y protección una vez alcanzada la mayoría de edad, y se prevén medidas específicas para los menores no acompañados y la no repatriación por interés superior del menor.
SIN NECESIDAD DE INTERPONER DENUNCIA Por otra parte, el reconocimiento y la efectividad de los derechos reconocidos en la norma no se vincula a la interposición de denuncia y de la participación de las víctimas en la investigación penal, sin perjuicio de que por parte de los poderes públicos se incentive que la víctima colabore para una persecución eficaz del delito a través de los mecanismos necesarios.
Llop ha aclarado que esta propuesta «no es algo que se haya cambiado a última hora» sino que «nace desde la propia comisión de codificación»; y ha puntualizado que lo que recoge el texto es lo que dispone el artículo 14 del Convenio de Varsovia, el cual dice que las víctimas, una vez identificadas, tendrán derecho a autorización de residencia por circunstancias excepcionales, bien teniendo en cuenta su situación personal o teniendo cuenta su colaboración en la investigación penal.
«Lógicamente, si van a colaborar, es necesario otorgarles la residencia para que estén aquí, si es necesaria su declaración a lo largo del procedimiento», ha subrayado. Por otro lado, ha puntualizado que la Ley de Trata «no deja fuera» a jueces y fiscales en la identificación de las víctimas de trata en el ámbito penal ya que el anteproyecto prevé que las víctimas puedan ser acreditadas por sentencia firme en el ámbito penal, siguiendo un sistema de acreditación judicial similar al de las víctimas de violencia de género.
En todo caso, la ministra de Justicia ha recordado que esta ley de Trata se aprueba en una primera vuelta y que seguirán trabajando para mejorar los derechos de las víctimas. En este sentido, se ha mostrado convencida de que el texto «sufrirá futuros ajustes».
