El director corporativo de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), Jaime Barea, ha respaldado la incorporación de los vehículos eléctricos usados en los planes públicos de incentivo, con el fin de dinamizar las ventas de modelos sin emisiones.
Asimismo, el directivo, que ha insistido en la necesidad de convertir la renovación del parque en la «piedra angular» de la estrategia de descarbonización de la movilidad, ha señalado que los modelos de ocasión representan una opción más asequible para las familias con menores rentas.
Así lo ha señalado durante su comparecencia en la subcomisión de Infraestructuras de Puntos de Recarga Eléctrica y de Hidrógeno en el Congreso de los Diputados. Barea ha contextualizado esta petición en el hecho de que la antigüedad media del parque crece hasta los 13,5 años y las ventas de modelos de más de diez años superan en un 40% a las de vehículos nuevos.
De esta forma, la organización ha abogado por una transición inclusiva hacia la movilidad cero emisiones en la que no se deje atrás a grandes capas de la población por motivos económicos, recordando que, si «un conductor utiliza un vehículo antiguo, no es porque quiere, sino porque no tiene la capacidad para cambiarlo».
Asimismo, ha defendido el apoyo a la compra del vehículo eléctrico seminuevo como medida para convertirlo en una opción viable para las rentas más ajustadas, mientras esta tecnología haya madurado por completo. Según Barea, un eléctrico de última generación con el máximo incentivo aplicado se sitúa en unos 40.000 euros, mientras que un modelo de tres años, que puede costar un 50% menos, «no cuenta con ningún tipo de ayuda».
«Al incluirlos en los planes, se dinamizarían las ventas, se aceleraría la consecución de objetivos y se garantizaría una transición justa en términos económicos y sociales», ha apostillado Barea.
Por otro lado, Ganvam ha apuntado que para aumentar la eficacia de los planes debe ser más rentable entregar el coche antiguo para achatarrar que volver a ponerlo en circulación. De su parte, la patronal considera básica una revisión de la gestión de los incentivos.
En concreto, además de eliminar la tributación en el IRPF de las ayudas directas, aboga por recuperar su tramitación en el punto de venta para que el ciudadano salga del establecimiento con el descuento aplicado, siempre que la Administración garantice un reembolso ágil de las ayudas adelantadas por el concesionario.
