La declaración como testigo de un trabajador de BBVA sobre los presuntos encargos ilegales del banco al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo que estaba prevista para este miércoles se ha suspendido debido a la huelga convocada por las asociaciones de letrados de la administración de justicia (LAJ) para reclamar mejoras salariales.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, ha tenido que suspender la testifical de José María Lazarrabal, prevista para este 30 de noviembre, porque el LAJ no acudirá por estar en huelga.
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Asociación Independiente de Letrados (AINLAJ) y la Unión Progresista de Letrados (UPSJ) han convocado huelga para este martes y miércoles, para el 14 y 15 de diciembre e «indefinida en enero» para –entre otras cuestiones– «exigir» al Ministerio dirigido por Pilar Llop que se les apliquen «los mismos criterios que tienen el resto de funcionarios» que dependen del departamento, lo que conllevaría mejoras retributivas.
El instructor citó a Larrazabal a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió interrogarlo al considerar que su intervención en el pago de las facturas al grupo empresarial de Villarejo, CENYT, no habría sido «meramente administrativa».
Este martes, el juez ha escuchado a otra dos trabajadoras de BBVA –Clara Codesal y Beatriz Aguiriano, con responsabilidades en el área de Contabilidad– que han señalado al que fuera miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera, Ricardo Gómez Barredo, y al ex director de Finanzas Javier Malagón por su presunta implicación en la facturación a CENYT.
En su caso, su comparecencia judicial se ha producido a petición del que fuera jefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano y se ha centrado en una serie de facturas que habrían pasado del propio Corrochano a Gómez Barredo y Malagón, que se encuentran investigados en esta pieza separada número 9 de ‘Tándem’.
Estas citaciones son la antesala de la que será, previsiblemente, la última declaración en esta línea de investigación: la del ex presidente de BBVA Francisco González, que solicitó volver a declarar y, después de varios cambios de fecha, lo hará el próximo 15 de diciembre.
En esta pieza separada, García Castellón examina los contratos de BBVA con el grupo empresarial de Villarejo para distintos proyectos –presuntamente ilegales– al menos entre 2004 y 2017, unos trabajos por los que la entidad financiera habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.
