El juez de la Audiencia Nacional que investiga si el Banco Popular cometió un presunto delito de estafa a inversores o incumplimiento de los deberes de información en la ampliación de capital realizada en 2012 toma declaración este miércoles a dos exaltos cargos de la entidad.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, tomará declaración como investigados al que fuera director general corporativo y de finanzas del banco Jacobo González-Robatto y al expresidente de la Comisión de Auditoría José Ramón Rodríguez.
Los dos exdirectivos declararán después de que el instructor haya accedido a lo solicitado por la Fiscalía, que advirtió sobre «la necesidad» de que ambos compareciesen en esta causa que nació el pasado mes de junio, cuando Pedraz acordó admitir a trámite dos querellas distintas.
Las mismas ponían el foco en la ampliación de la entidad bancaria al considerar que pudieron incurrir en «omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener, incumpliendo los deberes de información establecidos en orden a garantizar la transparencia del mercado de valores».
Estas citaciones llegan después de que el juez tomase declaración este mismo mes de octubre al expresidente del banco Ángel Ron, que descartó que se hubiesen cometido irregularidades en la ampliación de capital realizada en 2012, al tiempo que defendió que el folleto en el que se recogían las condiciones de la misma era «absolutamente claro y transparente».
El magistrado también ha escuchado al otrora vicepresidente de la entidad Roberto Higuera, que sostuvo en su declaración que todas las operaciones se realizaron de forma correcta, recordando que las cuentas anuales de 2012 –año en el que se absorbió el Banco Pastor– fueron auditadas por la consultora PwC.
PWC NO APRECIÓ IRREGULARIDADES EN LAS CUENTAS La propia consultora también compareció ante el magistrado, a quién señaló que no apreció ninguna irregularidad o anomalía al revisar las cuentas del Banco Popular del año 2012, que a su parecer sí expresaban la imagen real de la entidad.
Cabe precisar que los hechos en los que indaga Pedraz son distintos de los que se investigan en otro juzgado de la AN, el Central de Instrucción Número 4. En concreto, el juez José Luis Calama indaga en dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital de ese año, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
En una de las querellas admitidas, presentada por Miguel Ángel Pereira y en representación de otras 50 personas que perdieron su dinero como consecuencia de la citada ampliación de capital, se relata la situación financiera del banco en los años 2010, 2011 y 2012 y se enumeran los indicios por los que se entiende que se faltó a la verdad en la información dada para la ampliación de 2012.
La segunda querella, presentada en representación de las mercantiles Cerquia Gestión y Cercupenta y de Carlos Cercadillo, se dirige por su parte contra el Banco Santander, Ron, la consultora PWC y el auditor de esta última, José María Sanz. Además, el escrito amplía el objeto de la anterior al referirse a delitos de falsedad contable desde 2008 así como de administración desleal.
