La Ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes, más conocida como ‘ley de startups’, afrontará este jueves en el Congreso de los Diputados su último trámite parlamentario con la votación de las enmiendas introducidas la semana pasada por el Pleno del Senado.
Durante su tramitación en la Cámara Alta se introdujeron en el texto varias enmiendas transaccionales, con lo que deberá someterse a un último trámite en el Pleno del Congreso, pese a que la intención del Gobierno era aprobarla sin cambios en el Senado para que entrara en vigor cuanto antes.
La ley llegará a este último paso con el apoyo generalizado de los grupos parlamentarios, incluido el PP y varios grupos de la oposición. De hecho, el senador del Grupo Popular, Pablo Pérez, destacó las mejoras en torno a la atracción de talento y nómadas digitales que incluye el texto. Una opinión similar a la del diputado Víctor Píriz, también del PP, quien calificó a la ley como «necesaria» para que el sector innovador de España pueda crecer y desplegarse «mucho más rápido».
CAMBIO DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y REDUCCIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES El documento también reforma el sistema tributario y reducirá el impuesto de sociedades al 15% durante cuatro años a las empresas que adquieran la condición de ‘startup’, que deberá ser acreditada por la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), durante cinco años o siete en caso de empresas biotecnológicas.
Asimismo, también se ha reformado el régimen de las opciones sobre acciones, un modo de retribución habitual del sector, y que ahora tendrán que tributar únicamente en el momento de venta de los títulos. Junto a estas reformas, también se ha elevado el umbral de inversión exenta de impuestos y las comisiones (‘carried interest’) de los gestores pasarán a ser consideradas como rendimientos del trabajo.
En este último trámite se han incluido varias enmiendas transaccionales que añaden algunos términos al texto, al tiempo que se modifican algunos aspectos de las ordenes ministeriales asociadas para reforzar la seguridad jurídica y se añade un nuevo supuesto para poder denegar la condición de ‘startup’ a una empresa en la que los socios «presenten riesgos». Además, el texto reduce las limitaciones al emprendimiento en serie.
