El director general de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín, ha avanzado que en la primavera de 2023 se aprobará el Plan de Acción de la Estrategia Española en Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Así lo indicó este miércoles durante la presentación, en el Congreso de los Diputados, de un informe de Autismo España elaborado coincidiendo con el 15 aniversario de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Una veintena de diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios han podido conocer en profundidad este informe, en un acto que contó con la participación del director general de Discapacidad y del presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez.
Durante la presentación del informe, el director de Autismo España, Jesús García Lorente, ha destacado la importancia de ofrecer a las personas con TEA una respuesta «sólida y sin más demora» y ha añadido que «resulta esencial el apoyo de las Administraciones Públicas».
Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno ha afirmado que la Convención es «lo mejor que le ha pasado en la historia a las personas con discapacidad», ya que les confiere estatuto de titular de derechos; y ha pedido a los diputados que tengan en cuenta el informe de Autismo España para que las personas con autismo sean más dueñas y titulares de derechos.
Según ha puesto de manifiesto Autismo España, la Convención ha transformado completamente el Derecho de la Discapacidad español. Desde la ratificación, se han aprobado aproximadamente 80 leyes y más de 70 disposiciones reglamentarias, tanto nacionales como autonómicas que, de manera directa o indirecta, han afectado a los derechos de las personas con autismo.
Entre las normas que se han aprobado en desarrollo de la Convención, Autismo España destaca, por ejemplo, la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Así, desde Autismo España destacan que la Convención y la normativa española derivada de la misma han permitido que la situación jurídica de las personas con TEA quede «mejor amparada y protegida» puesto que se da una respuesta «respetuosa e individualizada» a las necesidades de cada una.
En este sentido, ponen de relieve algunos pasos que se han ido dando para: mejorar las políticas educativas y la normativa en este ámbito para que tengan en cuenta los derechos de acceso en igualdad de condiciones de los alumnos y alumnas con TEA en las diferentes etapas del sistema educativo; fomentar el acceso al empleo de las personas con TEA; promover el reconocimiento específico de los derechos de los menores y de las mujeres con TEA; impulsar la accesibilidad universal, y que puedan participar en las elecciones en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.
No obstante, aunque celebran que se ha avanzado «notablemente» en la adaptación del Ordenamiento a la Convención, consideran necesario continuar desarrollando los derechos que recoge, combatiendo las discriminaciones que sufre el colectivo y promoviendo su participación activa en la sociedad en igualdad de condiciones.