El Defensor del Pueblo ha insistido, tras las explicaciones que el Ministerio del Interior ha dado sobre el suceso ocurrido en Melilla el pasado mes de junio, en la necesidad de aplicar un enfoque de derechos en la gestión fronteriza, a fin de garantizar el derecho a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, tratos inhumanos o degradantes.
Fuentes de la Institución han explicado a Europa Press que se ha respondido a los últimos informes recibidos por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a principios de esta semana y que en el escrito se reiteraba en las resoluciones y recordatorios que ya se habían realizado al respecto en el informe publicado el pasado 14 de octubre sobre el tema.
En este informe, el Defensor relata casi minuto a minuto lo ocurrido. Así, recoge que a las 8:58 horas «se observa que hay gran cantidad de personas en el terraplén situado junto al vallado de la puerta y que se producen detenciones». «Tan solo dos minutos después, a las 9:00 horas, se observan entregas expeditivas a través del vallado», apunta el documento, antes de señalar que «el lapso de tiempo transcurrido, dos minutos, hace imposible sostener que se han realizado rechazos en frontera conforme a las mínimas exigencias legales».
En este sentido, alertaba de que a la institución no le constaba que en el rechazo en frontera de 470 personas que se produjo tras el intento de salto la frontera de Melilla se tuvieran en cuenta garantías legales nacionales e internacionales.
Ante estas conclusiones, el departamento que lidera Ángel Gabilondo realizó al Ministerio del Interior tres recordatorios, que ahora, según han apuntado las mismas fuentes de la Institución, se han reiterado tras los nuevos datos.
La primera recomendación trata sobre el «deber legal de aplicar un enfoque de derechos en la gestión fronteriza»; la segunda, sobre la necesidad de «ajustar» a la ley la actuación de fuerzas y cuerpos de seguridad para impedir «cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral»; y la tercera recomienda que se dicten las órdenes oportunas para que estos agentes de los cuerpos de seguridad «estén siempre identificados».
El Defensor también ha mantenido las cuatro recomendaciones que realizó a Interior en octubre. En este caso, le llamó a desarrollar «con carácter urgente, y por disposición reglamentaria», el procedimiento establecido en la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que establece que «el rechazo en frontera ha de permitir su aplicación a las entradas individualizadas, un pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por España».
El Defensor también ha recomendado que se deje constancia escrita de que al extranjero se le ha facilitado información sobre protección internacional y que se ha verificado, mediante un mecanismo adecuado de identificación y derivación, las necesidades de protección internacional; que no es menor de edad o la concurrencia de indicios de que pudiera ser víctima de trata de seres humanos.
Del mismo modo, recomienda que se impulse la revisión de los protocolos de actuación que se activan con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado marroquíes, cuando se producen intentos de entrada irregulares en Ceuta y Melilla; y que se potencie la información internacional para prever situaciones de presión fronteriza extrema, con el objetivo de incrementar los operativos de atención humanitaria en el perímetro terrestre en coordinación con la Secretaría de Estado de Migraciones y la Agencia de Asilo de la Unión Europea.
