Un tribunal federal de apelaciones de Atlanta ha rechazado este jueves la solicitud del expresidente estadounidense Donald Trump de realizar una revisión externa de la incautación por parte del FBI de documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago en agosto.
Así, los magistrados, por unanimidad, han dictaminado que un tribunal inferior no podía limitar la investigación del Departamento de Justicia al aceptar la solicitud de Trump de bloquear el acceso de los investigadores a los registros, así como en la decisión de nombrar a un experto especial para la evaluación.
«La ley es clara. No podemos escribir una regla que permita a cualquier sujeto de una orden de registro bloquear las investigaciones del gobierno después de la ejecución de la orden», ha señalado el tribunal, recoge CBS.
«Tampoco podemos escribir una norma que permita sólo a los expresidentes hacerlo. Cualquiera de los dos enfoques sería una reordenación radical de nuestra jurisprudencia que limita la participación de los tribunales federales en las investigaciones penales», ha agregado.
Esta conclusión –en la línea del fallo del Tribunal Supremo a mediados de octubre– permite al Departamento de Justicia reanudar el uso de los materiales incautados como parte de la investigación sobre si Trump incumplió las normas sobre los documentos clasificados y si obstruyó la justicia, ya que se había suspendido la utilización de los materiales mientras se realizaba la revisión.
Durante unos breves argumentos ante el Tribunal de Apelaciones de Atlanta la semana pasada, los tres jueces –nombrados por el Partido Republicano– sugirieron que Trump y su equipo legal querían un trato especial que no se habría concedido a ningún otro estadounidense al permitirle la oportunidad de impugnar la orden de registro ejecutada en su casa mucho antes de que se presentaran cargos, informa DPA.
En este sentido, los abogados del exmandatario estadounidense no han conseguido demostrar que el Gobierno abusó de su autoridad al registrar su propiedad, mientras que el tribunal ha rechazado las afirmaciones de Trump en las que indica que los documentos podrían estar protegidos por ser personales bajo la Ley de Registros Presidenciales.
«Como hemos dicho, el estatus de un documento como personal o presidencial no altera la autoridad del Gobierno para incautarlo bajo una orden respaldada por causa probable», han indicado los jueces, señalando que normalmente se busca la intervención judicial cuando los artículos incautados «pertenece inequívocamente al objeto de una búsqueda», recoge ‘The Hill’.
El FBI se llevó once lotes de documentos clasificados durante el registro en agosto en la mansión que Trump tiene en Florida, en virtud de una orden que facultaba a los agentes para incautarse documentos supuestamente clasificados. El exmandatario alegó que él mismo desclasificó los documentos sospechosos.
Desde que se llevó a cabo el registro en sus fastuosas dependencia de Florida a primeros de agosto, Trump ha estado insinuando que el Departamento de Justicia habría colocado pruebas que le incriminaran y de ahí que haya insistido en la necesidad de que el tercero independiente, el juez Raymond J. Dearie, revisara la información requisada.
