Human Rights Watch ha celebrado en un comunicado que la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) a Libia reaviva la esperanza de justicia para las víctimas de la milicia Kaniyat, que controló la ciudad de Tarhouna entre 2019 y 2020.
«Los miembros de la milicia, conocida como Kaniyat, y sus afiliados detuvieron, torturaron, hicieron desaparecer y ejecutaron a personas en al menos cuatro centros de detención mientras controlaban la ciudad de Tarhouna», han denunciado.
«Se pusieron del lado de las Fuerzas Árabes Armadas de Libia bajo el mando del Jalifa Hiftar, para atacar al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) reconocido por la ONU. Nadie ha sido llevado a juicio por los abusos», han reprochado en el escrito.
El director asociado de HRW Hanan Salah ha defendido que si las autoridades libias no pueden pedir responsabilidades por los horrores cometidos contra esta población, el fiscal de la CPI «debe investigar los crímenes que estén dentro de la jurisdicción del tribunal».
«Los familiares de los cientos que fueron arbitrariamente detenidos y torturados, o desaparecidos y luego encontrados en fosas comunes siguen esperando justicia», ha recordado.
La CPI tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en Libia desde el 15 de febrero de 2011. En noviembre de 2022, el fiscal de la CPI, Karim Jan, realizó una misión oficial en Libia, donde visitó las prisiones usadas por Kaniyat y los lugares donde están las fosas comunes, además de reunirse con los familiares de las víctimas.
