El Banco de Italia ha advertido de que las medidas para impulsar el uso de dinero en metálico contempladas por el Gobierno liderado por la primera ministra, Georgia Meloni, incluyendo elevar a 5.000 euros el límite para los pagos en efectivo, frente a los 2.000 euros actuales, pueden «entrar en conflicto» con el impulso para la modernización del país y con la necesidad de reducir la evasión fiscal.
El borrador del presupuesto para 2023 del Gobierno de Italia prevé incrementar el límite para los pagos en efectivos hasta los 5.000 euros desde los actuales 2.000 euros, además de permitir a los comerciantes rechazar el pago electrónico para transacciones inferiores a 60 euros, y la renuncia a seguir adelante con las reclamaciones fiscales inferiores a 1.000 euros en casos anteriores a 2015.
En este sentido, el responsable de la Dirección de Análisis Económico Estructural del Banco de Italia, Fabrizio Balassone, ha señalado ante el Parlamento del país que las provisiones sobre pagos en efectivo y la introducción de algunas instancias que reducen la carga fiscal para contribuyentes que no cumplan sus obligaciones «probablemente entren en conflicto con el impulso hacia la modernización del país que anima el Plan para la Recuperación y la Resiliencia Nacional y la necesidad de seguir reduciendo la evasión fiscal».
Este fin de semana, según recoge ‘Financial Times’, Meloni rechazó que el aumeto del límite para los pagos en efectivo contribuya a un aumento del fraude fiscal. «Es falso afirmar que la capacidad de usar efectivo fomente la evasión de impuestos», dijo el domingo. «Una persona que quiere evadir, evade de todos modos», concluyó.
Sin embargo, Meloni reconoció que el plan para eximir a los comerciantes de aceptar pagos digitales por debajo de los 60 euros tenía un carácter indicativo y podría cambiarse para evitar el choque con Bruselas, que había pedido a Italia que alentara los pagos digitales como parte de su plan de recuperación de Covid.
