El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) cree que España debería emprender «una acción más decidida» respecto a las relaciones entre los parlamentarios y los grupos de presión o ‘lobby’, aunque reconoce que se han dado pasos en este sentido pero que se están demorando en el tiempo.
Así consta en el informe de evaluación sobre las recomendaciones que en materia de corrupción se hicieron a España a raíz de la Cuarta Ronda de Evaluación en 2014, al que ha tenido acceso Europa Press. Entre ellas figuraba la recomendación de introducir «reglas sobre cómo los miembros del Parlamento se relacionan con los ‘lobbistas’ y otras terceras partes para buscar influir en el proceso legislativo».
En este sentido, el GRECO llega a la conclusión de que en estos ocho años transcurridos la recomendación solo se ha cumplido «parcialmente», como ya se indicaba en su segundo informe de cumplimiento de 2019.
El organismo reconoce en su informe «las medidas positivas adoptadas a lo largo de los años para mejorar la transparencia legislativa en el Parlamento» y también toma nota de «la intención declarada de las autoridades de regular los grupos de presión», en aparente alusión al anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés presentado a principios de noviembre. «Es una iniciativa bienvenida que tiene que materializarse efectivamente», advierte.
Por otra parte, el informe reitera «la necesidad de ofrecer directrices a los parlamentarios, no solo por transparencia, sino también con fines de integridad y de rendición de cuentas, sobre lo que se puede y no se puede hacer en su relación con los grupos de presión, tanto dentro como fuera del Parlamento».
En este sentido, el documento constata que se han presentado en el Congreso de los Diputados dos propuestas, una del PSOE y otra del PP, para reformar el reglamento de la Cámara Baja con el fin de incorporar un nuevo título relativo a la regulación de los grupos de interés. Ambas propuestas fueron presentadas en mayo de 2021.
Así las cosas, el GRECO destaca «las sucesivas demoras» que se han producido a la hora de adoptar legislación relativa a los grupos de presión, «una reforma largo tiempo esperada, que sin embargo sigue atascada en el Parlamento».
TRANSPARENCIA EN EL CONGRESO En orden de cosas, también toma nota de que el Código de Conducta del Parlamento «introduce mayores requisitos de transparencia, en particular al establecer la obligación de que los parlamentarios publiquen sus agendas institucionales, incluidos los contactos con ‘lobbies’ y otras terceras partes».
Sin embargo, afea el hecho de que la practica dista de la realidad, como pone de manifiesto la web del propio Congreso ya que «más de la mitad de los diputados no publicaron sus agendas institucionales y el contenido de las publicadas muestra diferencias significativas y no muestra sistemáticamente los contactos con grupos de presión o terceros que buscan influir en el proceso legislativo».
Dicho esto, el GRECO se remite al informe del pasado julio de la Oficina de Conflicto de Intereses del Congreso en el que también se llama la atención «sobre esta situación insatisfactoria». «Esto confirma la necesidad de emprender una acción más decidida en este ámbito», reclama.
En sus conclusiones, el GRECO sostiene que «aún debe desarrollarse regulación específica respecto a los grupos de presión» e incide en que «la práctica demuestra que pese a los mayores requisitos de transparencia establecidos por el Código de Conducta hay mucha opacidad respecto a los contactos» entre los diputados y los ‘lobbies’.
