Microsoft ha confirmado que le ha ofrecido a Sony firmar un acuerdo contractual para mantener la franquicia Call of Duty disponible en la consola del fabricante japonés, PlayStation.
Después de que el desarrollador de Xbox anunciase la compra de la creadora de estos videojuegos, Activision Blizzard, el pasado mes de enero, no han cesado las críticas de Sony, que cree que de producirse cabría la posibilidad de darse un monopolio.
Debido a esto, el acuerdo de compra está siendo investigado por parte de las organizaciones competentes de varios países. Entre ellos, Brasil, Arabia Saudí, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.
La desarrolladora de videojuegos se ha pronunciado recientemente con respecto a este enfrentamiento y ha calificado de «absurdas» las valoraciones y críticas propinadas por Sony.
Además, ha insistido en que esta fusión «beneficiará a los jugadores y a la industria del juego de EEUU», en palabras de la jefa comercial y vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Activision Blizzard, Lulu Cheng Meservey.
Debido a que Sony mantiene que esta compra solo beneficiaría a la consola competidora, Microsoft se ha vuelto a pronunciar acerca del juego de la discordia, Call of Duty, principal preocupación de la compañía nipona.
Ahora, en un artículo firmado por el presidente de Microsoft, Brad Smith, para The Wall Street Journal, el directivo ha admitido que gran parte de las ganancias de la franquicia provienen de las ventas en PlayStation, por lo que sería contraproducente convertirla en exclusiva para Xbox.
«Sería económicamente irracional. Dada la popularidad del juego cruzado, ería desastroso tanto para la franquicia como para la propia Xbox», ha comentado Smith, que ha adelantado que le ha ofrecido a Sony un contrato de 10 años.
Asimismo, ha puntualizado que este acuerdo permitirá que «cada nuevo lanzamiento de Call of Duty esté disponible en PlayStation el mismo día que llegue a Xbox».
Con ello, ha indicado que Microsoft está abierta a brindar el mismo compromiso a otras plataformas y «hacer que los reguladores de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea lo exijan legalmente».
