El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra, ha propuesto desbloquear las diferencias entre los grupos del Gobierno de coalición en cuanto al proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal excluyendo a los perros de caza de la norma, como pide una enmienda socialista, pero sólo cuando estén particpando en actividades cinegéticas.
Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el departamento que dirige Ione Belarra ha planteado al grupo parlamentario socialista incluir el ‘modelo Page’ plasmado en una ley autonómica.
El proyecto de Ley que está en tramitación parlamentaria, impulsado por Unidas Podemos, incluye a todos los perros independientemente de la actividad a la que se dediquen, pero el PSOE presentó una enmienda para excluir a los perros de caza y otros animales que se utilicen en otras actividades, como los hurones, las aves de cetrería e incluso los que se dedican a trabajar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de esa legislación.
Esa enmienda ha provocado una nueva brecha entre los grupos que apoyan al Gobierno de coalición hasta el punto de que Unidas Podemos ha transmitido que, de incluirse tal modificación en el texto legislativo, estaría dispuesto a votar en contra de la ley de protección, derechos y bienestar animal que ha elaborado y presentado la Dirección General de Derechos de los Animales, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Ahora, desde el departamento de Belarra y con el fin de desbloquear la ley de protección animal, han planteado al PSOE recoger en la norma nacional recogido en la ley autonómica de Castilla La-Mancha en vigor desde 2020 y aprobada por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page, que establece que los perros de caza quedan excluidos de la aplicación de la norma mientras participen en actividades cinegéticas.
En concreto, la Ley 7/2020 de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla La-Mancha considera que la persona responsable de estos animales no puede garantizar el cumplimiento de las obligaciones de «cuidar y proteger a los animales de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y molestias que otras personas o animales les puedan ocasionar» y la de «evitar las agresiones o molestias del animal a las personas o a otros animales, así como la producción de otro tipo de daño» durante el ejercicio de la caza.
En todo caso, la norma autonómica establece que la acción de cazar no se considera a estos efectos situación de peligro o de maltrato, incluidos los animales auxiliares del cazador.
Esta excepción, sin embargo, no implica que se los pueda maltratar, agredir, causarles algún tipo de sufrimiento o abandonarlos, en cuyo caso se les aplicaría el procedimiento sancionador recogido en la Ley.
Con ese texto, remitido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tanto al grupo parlamentario socialista y al resto de grupos del bloque de investidura, plantea una propuesta de enmienda transaccional en los mismos términos.
El departamento de Belarra considera que así se podría desbloquear por fin la norma garantizando la protección animal y también que los cazadores y los socialistas vean recogidas sus demandas.
Este miércoles, Derechos Sociales ha convocado un nuevo encuentro con grupos de cazadores para trasladarles la propuesta de acuerdo, aunque estos colectivos han anunciado que no acudirán a la cita para no ser utilizados con fines políticos.
