La Fundación Zaballos ha anunciado la creación de la primera Asociación de Afectados por la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley de ‘solo sí es sí’, con el objetivo de asesorar y defender los derechos de las personas perjudicadas.
La nueva entidad ha explicado que esta iniciativa es consecuencia de «la incertidumbre generada por la entrada en vigor de la nueva ley», el pasado 7 de octubre, y las «reducciones de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales que está propiciando su aplicación.
«El objetivo de la Asociación de Afectados por la Reforma de la Ley del ‘sólo sí es sí’ es el acompañamiento de todas esas personas, especialmente las mujeres, las grandes perjudicadas, quienes ante la situación de desconcierto y confusión generada por esta ley pueden verse desprotegidas», ha explicado la presidenta de la Fundación para la Defensa de los Derechos Constitucionales, Emilia Zaballos.
A través de un comunicado, recogido por Europa Press, la entidad ha asegurado que, hasta el momento, son más de 50 las rebajas de condena a agresores sexuales y, al menos, 15 condenados han salido de prisión. También ha destacado que 17 audiencias provinciales se han pronunciado a favor de revisar esas penas y que solo las de Navarra y La Rioja se mantienen en contra.
JUECES QUE APLICAN LA NORMA «AUNQUE NO LA COMPARTAN»
«Estamos viendo como jueces y magistrados están aplicando la norma, aunque no la compartan, en perjuicio de una mayor saturación de los juzgados penales cuyas demoras son ya patentes y muy llamativas, beneficiando sólo a los reos, al conseguir que delincuentes puedan salir a la calle, en perjuicio de la seguridad y tranquilidad de la sociedad y de las víctimas de esta violencia en particular», ha afirmado Zaballos.
«La ley orgánica no ha sabido blindarse para evitar lo que está sucediendo a día de hoy, con rebajas importantes de penas por hechos muy graves, que afectan a muchas mujeres y crean una grave alarma social, con el innato sentimiento de desprotección para las víctimas de la violencia sexual», ha añadido.
Para Zaballos, esta situación «no va a ser fácil de solucionar» y advierte de que, «aunque se dictase una nueva ley para incrementar las penas, solo se podría aplicar la reforma a quienes hubieren cometido un delito a partir de la nueva entrada en vigor de la nueva norma». «A aquellos que actualmente están pendientes de enjuiciamiento o cumpliendo sus condenas se les debe aplicar la ley más favorable», ha recordado.
SEPARACIÓN DE PODERES A su juicio, «es necesaria la independencia de los poderes judicial, el ejecutivo y el legislativo para garantizar el correcto funcionamiento del Estado de derecho».
Finalmente, Zaballos ha asegurado que «cuando el poder ejecutivo invade el poder legislativo y se pone a legislar» no hay «trasfondo verdadero de preocupación por las víctimas», sino que el «objetivo no es otro que conseguir votos y apoyos políticos». De ahí que, a su juicio, sena necesaria la asociación de afectados.
