La Federación de Asociaciones para la Defensa de la sanidad Pública (FADSP) ha lamentado el «escaso y muy mal repartido» presupuesto sanitario de las comunidades autónomas porque promueve que se mantenga la «insuficiencia financiera global» del sistema sanitario y consolida las «desigualdades interterritoriales».
«En un momento en que existe prácticamente un consenso en la necesidad de reforzar la Sanidad Pública los presupuestos que aprueban las CCAA son un índice de la preocupación de las mismas por el sistema sanitario, y su interés en responder a los problemas de la sanidad pública, especialmente cuando estamos en una situación de crónica desfinanciación de nuestro sistema sanitario, y el gasto sanitario de las CCAA es el 92,96 por ciento del gasto sanitario público total», ha dicho.
En concreto, se ha producido un crecimiento de los presupuestos sanitarios per cápita respecto a 2022 en promedio (129,24 euros, un 7,69 por ciento más), crecimiento que sigue siendo «insuficiente» para las necesidades del sistema sanitario. En este sentido, la FADSP ha reclamado un aumento de 1.000 euros per capita, lo que significa que se seguirá estando «por debajo» de la media de los países de la UE en gasto sanitario per capita y «muy por debajo» de los países del euro.
El mayor presupuesto per capita es el de Asturias (2.133,13 euros) y el menor el de Madrid (1.446,13 euros), que lo es por cuarto año consecutivo, y ello a pesar de que Cataluña tiene unos presupuestos prorrogados. La ratio máximo/mínimo es de 1,47 algo menor que el año pasado e igual a la de 2019.
«De nuevo las diferencias son excesivas, 687 euros por habitante entre la comunidad autónoma que más dedica y la que menos presupuesta, evidentemente una variabilidad tan amplia dificulta que se puedan proveer los mismos servicios sanitarios, en cantidad y/o en calidad, y rompe con la necesaria equidad y cohesión entre las comunidades», ha añadido la organización.
Por todo ello, la FADSP ha destacado la necesidad de que se realice un esfuerzo presupuestario para reforzar la sanidad pública, así como mecanismos de financiación finalistas que permitan reducir las «excesivas» diferencias y garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud, «porque la mejor manera de celebrar la Constitución es asegurarse de su cumplimiento».
