Más País ha presentado en el Congreso sus enmiendas a la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición, en las que, entre otras cosas, propone blindar el derecho a la protesta, reunión y manifestación, así como eliminar las penas de inhabilitación para las personas que cometan este delito de desórdenes públicos.
Según estas enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, los de Iñigo Errejón pretenden acabar con el punto de la proposición de ley del Gobierno que hace referencia a las penas de inhabilitación para quienes cometan este delito.
«Los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años», dice el artículo que pretende derogar Más País.
También proponen que la pena de prisión de seis meses a tres años no sea para los que ejecuten actos de intimidación, sino para los casos de violencia grave y certificable sobre las personas o las cosas, u obstaculizando las vías públicas «solamente cuando ocasionen un peligro grave para la vida pública o la salud de las personas» o invadiendo instalaciones y edificios «solamente cuando ocasionen un peligro grave para la vida o la salud de las personas».
PROTEGER EL DERECHO DE PROTESTA En una de su enmienda, Más País pide suprimir el apartado 16 porque entienden que «este establecimiento del delito de invasión penaliza los actos no violentos y atenta contra derechos fundamentales de protesta, reunión y manifestación, y en su contenido legítimo puede ser incorporado al apartado anterior o relegarse al ámbito del Derecho Administrativo sancionador».
En este sentido, creen que la naturaleza de la reforma del Código Penal es homologarse con los países europeos, por lo que justifican su enmienda en que se «debe alinear con los estándares internacionales de derechos humanos».
