El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha confirmado «un gran cambio en el acceso humanitario» en el norte de Etiopía tras el acuerdo de cese de hostilidades entre el Gobierno y el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) tras más de dos años de conflicto en la región de Tigray.
«Desde la firma del acuerdo de paz hemos visto un gran cambio en el acceso humanitario y en nuestra capacidad de trasladar asistencia crucial a Tigray», ha dicho el representante de ACNUR en Etiopía, Mamadou Dian Balde, quien ha agregado que hasta la fecha han sido enviados 61 camiones con 2.400 toneladas de ayuda, incluidas medicinas, material para cobijo, sábanas, productos domésticos y 20.000 litros de combustible.
Así, ha subrayado que «si bien los equipos de ACNUR han permanecido en Tigray todo este tiempo, operando desde Mekelle yS hire, ahora han retomado operaciones desde ubicaciones secundarias como Maichew, Adigray y Abi Adi», al tiempo que ha incidido que «trabajando junto al Servicio de Refugiados y Retornados (RRS) del Gobierno etíope se ha podido dar asistencia a más de 7.000 refugiados eritreos que estaban atrapados en los campamentos de Ai Aini y Adi Harush, en el oeste de Tigray».
«Han sido reubicados al recientemente establecido campamento de Alemwach, en la región de Amhara, donde ahora viven más de 22.000 refugiados y solicitantes de asilo eritreos», ha detallado Balde, que ha apuntado que el organismo ha apoyado además «la reubicación voluntaria de más de 900 refugiados eritreos» en la región de Afar, también situada en el norte del país africano.
Sin embargo, ha matizado que «vivir en condiciones más seguras y humanas es sólo un paso a la hora de dar soluciones a refugiados que se han visto atrapados por círculos viciosos de desplazamiento» y ha lamentado que «las condiciones para los refugiados eritreos en Tigray han sido duras durante la mayoría del conflicto». «Lo que necesitan y merecen ahora es un apoyo continuado y coordinado para que puedan reconstruir sus vidas y sostenerse por su propio pie, a la espera de soluciones duraderas», ha argüido.
Balde ha detallado además que «ACNUR trabaja de cerca con autoridades locales en el norte de Etiopía para apoyar a los etíopes desplazados por el conflicto» y ha añadido que entre enero y octubre se ha entregado ayuda a más de 2,1 millones de desplazados internos. «Hemos dado también consejo y apoyo a los más vulnerables, incluidos niños separados (de su familia) y otros con necesidades específicas y supervivientes de violencia de género», ha explicado.
En este sentido, ha hecho hincapié en que «aún queda mucho por hacerse» y ha dicho que «ACNUR sigue abogando por unas condiciones más favorables en las regiones afectadas, incluida la restauración de servicios críticos como los bancos y las telecomunicaciones para poder operar de forma más efectiva y eficiente».
«La reciente reconexión de la capital de Tigray, Mekelle, a la red eléctrica nacional y el reinicio de los servicios telefónicos en Shire son pasos que hay que aplaudir. Más vuelos regulares en Tigray y las regiones adyacentes nos ayudarían a llegar a los más vulnerables para poder dar una ayuda, protección y soluciones muy necesarias. Pedimos a la comunidad internacional que mantenga su apoyo financiera. La puerta para dar ayuda humanitaria muy necesaria está abierta. Debemos tener los recursos necesarios para entregarla», ha remachado Balde.
El conflicto en Tigray estalló en noviembre de 2020 tras un ataque del TPLF contra la principal base del Ejército, situada en Mekelle, tras lo que el Gobierno del primer ministro, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el grupo tras meses de tensiones a nivel político y administrativo, incluida la negativa del TPLF a la hora de reconocer un aplazamiento electoral y su decisión de celebrar comicios regionales al margen de Adís Abeba.
El TPLF acusa a Abiy de azuzar las tensiones desde su llegada al poder en abril de 2018, cuando se convirtió en el primer oromo en acceder al cargo. Hasta entonces, el TPLF había sido la fuerza dominante dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias. El grupo se opuso a las reformas de Abiy, que consideró como un intento de socavar su influencia.
