Varias asociaciones de pensionistas han firmado una declaración en la que, entre otras medidas, rechazan la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones a 30 años (descartando los dos peores) propuesta por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a los agentes sociales, y piden volver a un plazo de cómputo de 15 años.
La declaración la firman la Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar (Asjubi40), la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (EHPM), el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (Madpp), el Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (Modepen) y otras plataformas de pensionistas de carácter local.
Estas asociaciones denuncian que el aumento de los años para calcular la pensión «sólo tiene por objetivo reducir las pensiones futuras», y reiteran su petición de volver al periodo de cómputo anterior a la reforma de pensiones de 2011, es decir, a un total de 15 años, frente a los 25 actuales o los 30 años que propone el Ministerio de José Luis Escrivá.
Igualmente, los firmantes de esta declaración rechazan la posible aprobación de esta medida eludiendo el debate parlamentario. «Nos encontramos con que, de nuevo, el poder político se está sometiendo al dictado del poder financiero español y europeo que, reforma tras reforma, pretende reducir las pensiones públicas, presentes y futuras, y nuestros derechos como personas pensionistas», denuncian.
Estas asociaciones, que ya han convocado varias movilizaciones en los últimos meses en defensa de sus demandas, advierten en su declaración de que «seguirán en la calle» para «frenar estas estrategias» y conseguir mejorar las condiciones de vida de los pensionistas.
«Y también vamos a seguir presionando a los grupos políticos y gobiernos para que hagan efectivas nuestras demandas y cumplan sus compromisos», añaden.
Además de devolver el periodo de cálculo a 15 años, entre las demandas de estas organizaciones figuran la de participar como interlocutores en la negociación social sobre pensiones; recuperar el poder adquisitivo perdido por las pensiones en 2021 y 2022; revalorizarlas en función del IPC acumulado interanual (IPC real); subir las pensiones mínimas para equipararlas al salario mínimo interprofesional (SMI), y eliminar los coeficientes reductores a las carreras de más de 40 años de cotización.
