La Xunta ha reiterado al Gobierno central la petición de que mantenga en 2023 las bonificaciones en el billete de autobús autonómico, al igual que ha anunciado que hará con el de tren.
Según ha trasladado la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, ha remitido un escrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el que le reitera esta solicitud del Gobierno gallego, que ya había sido trasladada en ocasiones anteriores.
En el escrito remitido, ha destacado la Xunta, le solicitan al Ejecutivo central información sobre los planes previstos para prorrogar, a partir del 1 de enero, las bonificaciones del 50% en el billete de autobús autonómico que, ha insistido, aplica la administración gallega desde el 1 de septiembre.
Además, ha instado al Ministerio a resolver las «ayudas comprometidas a las autonomías para pagar los descuentos en el transporte público del 30%» que, ha añadido, «la Xunta incrementó hasta el 50%» y que «sufraga íntegramente con fondos propios de la comunidad para evitar el desequilibrio económico que supondría para las empresas de transporte aportar el descuento a los viajeros en espera del ingreso que el Estado debe efectuar antes de finalizar el año».
Ante esta situación, ha continuado, la Xunta demanda «información concreta» sobre el pago y sobre la vigencia y condiciones del mantenimiento de estos descuentos más allá del 31 de diciembre.
El Gobierno gallego ha destacado que esta medida ha permitido un «incremento significativo» de viajeros en los autobuses autonómicos. Así, ha detallado que entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre se registraron 5,9 millones de usuarios, un 23% más que el año anterior, con 4,8 millones de viajeros.
En este sentido, al igual que el Gobierno ha anunciado la prórroga de las bonificaciones en los servicios ferroviarios y en las líneas de autobús de competencia estatal, la Xunta considera «imprescindible» mantener en 2023 también las medidas en vigor en el transporte interurbano, de competencia autonómica, y el transporte urbano, de competencia municipal, para garantizar «un trato equilibrado» a los distintos territorios y a sus habitantes.
