La tenista Arantxa Sánchez Vicaria y su ex marido Josep Santacana serán juzgados en Barcelona del 12 al 15 de septiembre de 2023 por un presunto delito de alzamiento de bienes, han explicado a Europa Press fuentes judiciales.
Según ha adelantado ‘La Vanguardia’ y han confirmado las citadas fuentes, el juicio será en el Juzgado Penal 25 de Barcelona.
La Fiscalía pide para ambos una condena de cuatro años de cárcel por supuestamente ocultar patrimonio para evitar pagar una deuda de 7,5 millones de euros al Banco de Luxemburgo.
En el escrito de acusación, consultado por Europa Press, el fiscal detalla que la tenista actuó «bajo las consignas de su marido» una vez se le notificó la reclamación de la deuda en julio de 2010.
El escrito del fiscal, que presentó en julio de 2021, detalla que la entidad bancaria adelantó a un banco español el dinero que la tenista tenía que abonar como garante de una deuda con Hacienda, y por eso después el Banco de Luxemburgo le reclamó pagar la cantidad que había abonado.
El fiscal sostiene que «idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad», por el que vaciaron sus cuentas corrientes.
HICIERON «DESAPARECER» EL DINERO Hicieron «desaparecer» el dinero que Sánchez Vicario había cobrado en créditos y por reportajes en medios de comunicación, y el fiscal expone que la tenista era propietaria y beneficiaria de al menos cinco empresas, titulares de varios bienes inmuebles, que después de notificársele la deuda con Hacienda pasaron a estar a nombre de una sociedad uruguaya.
Así, «realizaron numerosas operaciones de venta con el fin de obtener dinero y ocultarlo para frustrar el cobro» de la deuda, y la Fiscalía acusa como cooperadores necesarios a quienes supuestamente hicieron de testaferro quedando como único titular de las empresas de la tenista, además de al jefe y al responsable de la gestoría que hizo las operaciones de estas empresas.
Por todo, la Fiscalía pide condenarles por un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible: reclama cuatro años de cárcel y 8.640 euros de multa para Sánchez Vicario y Santacana, además de 6,1 millones en responsabilidad civil; y tres años y medio de prisión y multa de 7.560 euros para los cómplices.
