La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, ha denunciado este lunes vía comunicado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho «entrevistas reservadas» a los aspirantes a cubrir las nueve plazas convocadas el pasado mes de octubre sin que haya facilitado al Consejo Fiscal, que debe asesorar a la hora de hacer estos nombramientos, ninguna información al respecto, a pesar de que la AF se lo ha pedido expresamente.
Los seis vocales electivos de la AF en el Consejo Fiscal explican en su nota de prensa que tuvieron noticia de que «por el fiscal general del Estado se estaba convocando a los peticionarios a las plazas ofertadas en el concurso discrecional publicado por Orden JUS/1001/2022 de 24 de octubre, a fin de ser entrevistados por el mismo».
Se trata, en concreto, de nueve plazas, entre ellas una en la Fiscalía de la Sección Social del Tribunal Supremo (TS) y otra en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Además, se ofertan puestos de fiscal jefe en las provinciales de Santa Cruz de Tenerife y Bizkaia; teniente fiscal en las comunidades autónomas de Castilla y León y La Rioja; y fiscales jefe de área en Mérida, Alcalá de Henares y Cartagena.
Según la AF, «el encuentro estuvo restringido a quien preside el Consejo Fiscal», esto es, García Ortiz, por lo que «solo ante el fiscal general del Estado expusieron los peticionarios sus respectivos proyectos de actuación» para los puestos en juego.
La asociación ve con buenos ojos el hecho de que se realicen entrevistas, «dado que constituyen una fuente directa para la correcta valoración de los candidatos», pero critica el formato elegido porque «determina que solo éste (el fiscal general) podrá interpelar a los entrevistados». En este sentido, en un segundo comunicado habla directamente de «entrevistas reservadas».
Por eso, la AF explica que «mediante escrito dirigido a la fiscal jefa de Inspección el día 1 de diciembre se instó al fiscal general del Estado a la convocatoria de todos los vocales del Consejo Fiscal para la realización de tales entrevistas y para que remitiera a estos copia de la grabación de las ya celebradas».
«Señalábamos entonces que así lo imponía el principio de transparencia, de carácter esencial en todo proceso selectivo, indicando además como modelo el seguido por la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial, con el objetivo de asegurar la aplicación de los principios de transparencia, mérito y capacidad», añade.
Desde la Fiscalía General de Estado se les contestó un día después, el 2 de diciembre, denegando a la AF la remisión de las grabaciones de las entrevistas realizadas, por razones de «confidencialidad y reserva», y «remitiendo para su discusión al Pleno del Consejo Fiscal la viabilidad de una convocatoria que comprenda a todos sus miembros».
«SOLO CONTRIBUYE A ENTURBIAR»
La AF replica que «el supuesto deber de reserva, la confidencialidad o el ámbito privado en que se desarrollan las entrevistas invocado por el fiscal general del Estado son, por definición, absolutamente contrarios al principio de igualdad de armas y de transparencia que debe estar presente en todos y cada uno de los hitos de un proceso público de selección».
A este respecto, subraya que «ninguna disposición normativa atribuye al fiscal general del Estado como presidente del Consejo Fiscal la posibilidad de valerse de entrevistas personales con los peticionarios de puestos de designación discrecional».
Con todo, la AF advierte de que «la vía utilizada por el fiscal general del Estado en un proceso público de selección de puestos de designación discrecional solo contribuye a enturbiar el resultado».
Y defiende que, «siendo el Consejo Fiscal el órgano competente para informar las propuestas de nombramiento que haya de elevar el fiscal general del Estado, la necesidad de disponer de la información y los elementos necesarios para que los todos vocales puedan formarse criterio no sólo es una previsión del Reglamento de Régimen Interior, sino una exigencia derivada de los principios de transparencia, publicidad e igualdad cuya desatención supone una desconsideración al órgano de representación democrática de la carrera fiscal».
Cabe recordar que el Consejo Fiscal asesora al jefe del Ministerio Público en materia de nombramientos discrecionales pero el fiscal general puede desmarcarse del órgano asesor y designar a quien estime oportuno. Así ocurrió, por ejemplo, con la elección de Dolores Delgado como fiscal de sala del Tribunal Supremo, que contó con la oposición de la mayoría del Consejo Fiscal pero salió adelante por el visto bueno de García Ortiz.
