El PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana han aprobado este lunes por la tarde en una reunión a puerta cerrada de la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso la reforma del delito de malversación, que ahora queda ya incorporada a la ley que suprime el delito de sedición, justo los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del proceso independentista de 2017.
La reforma penal del PSOE y de Unidas Podemos se centraba inicialmente en la supresión del delito de sedición, con añadidos como el agravamiento de penas en caso de ocultación del cadáver, pero las enmiendas registradas el pasado viernes han ampliado el objeto de la proposición de ley y han modificado otra serie de normas.
TAMBIÉN ENTRA LA REFORMA DE LA ELECCIÓN DEL TC Por un lado, el PSOE y Unidas Podemos han aprovechado para reformar el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional para sortear el boicot de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y allanar el camino de los candidatos designados por el Gobierno, el exministro Juan Carlos Campo y la exasesora de Moncloa Laura Díez.
Además, los dos socios del Gobierno propusieron añadir un nuevo delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos, regularon y modificaron su propia redacción del nuevo supuesto de delito de desórdenes públicos agravados, y propusieron una serie de medidas para facilitar la conciliación de los profesionales de la Justicia.
Y a ello se sumó Esquerra Republicana, que propuso de su lado modificar el delito de malversación de caudales públicos para rebajar la pena en casos donde no haya lucro personal. Sobre ese texto, los socialistas han pactado con los independentistas un texto transaccional.
En la ponencia se han aprobado en bloque todas las enmiendas salvo aquellas que, según los letrados, no guardaban relación con el objeto inicial de la ley, como las relativas a las leyes del TC y del CGPJ. En todas las votaciones se han impuesto los dos partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios. Unidas Podemos se había desmarcado de la reforma de la malversación pero, en todo caso, no iba a entorpecer la aprobación del acuerdo del PSOE y ERC.
Ahora la proposición de ley, con las enmiendas ya incorporadas, seguirá su tramitación exprés en las Cortes Generales. Así, para primera hora de este mismo martes ha quedado convocada la reunión de la Comisión de Justicia para aprobar la iniciativa, ya en sesión pública, y elevar el dictamen al Pleno del Congreso, donde se requiere mayoría absoluta (176 votos) ya que se trata de una norma de rango orgánico.
El Pleno de esta semana ya está configurado y modificarlo requeriría una unanimidad que PP, Vox y Ciudadanos ni van a aceptar, por lo que el PSOE y Podemos tendrán que recurrir por tercera vez a convocar una sesión plenaria extra, a continuación de la que va a terminar este jueves, para la aprobación definitiva del texto y su remisión al senado.
EN EL BOE ANTES DE NAVIDAD Ese mecanismo del pleno extra ya lo usaron para la toma en consideración de la proposición de ley, que se acabó votando a la una de la mañana, y para el debate de los textos alternativos presentados por el PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP.
Y la tramitación superacelerada continuará en el Senado, donde el texto llegará el viernes y ya tienen previsto que se despache en poco más de cuatro días para votarse en Pleno el 22 de diciembre. El Gobierno y sus aliados parlamentarios tienen asegurado que no habrá cambios en la Cámara Alta con lo que de ahí la ley irá directa al BOE para su publicación y entrada en vigor.
