La ONG Human Rights Watch ha señalado este lunes que la ejecución de dos manifestantes por parte de las autoridades iraníes en relación con las protestas antigubernamentales es «un grave error judicial y una escalada peligrosa».
«Los juicios de quienes enfrentan cargos de pena capital relacionados con las protestas han sido una parodia total de la justicia», ha afirmado Tara Sepehri Far, investigadora de Irán de HRW.
«Privar a quienes se enfrentan a cargos de pena capital del acceso a un abogado de su elección es una medida coordinada para acelerar la campaña de juicios falsos de las autoridades iraníes que pretende sembrar el miedo y proyectar poder», ha explicado Sepehri.
La organización ha denunciado que los cargos contra los manifestantes son delitos «vagamente redactados», que incluyen cargos de seguridad nacional como enemistad contra dios, corrupción en la tierra o rebelión armada. Además, los procedimientos judiciales en los que no tienen permiso de participación abogados de la elección de los acusados «parecen no cumplir con las normas internacionales».
«Se informa de que los acusados son torturados para que confiesen, se les priva de acceso a los abogados de su elección y se les apresura a pasar por procedimientos judiciales que eluden las salvaguardias del propio código penal y la ley de procedimiento penal de Irán», ha agregado la ONG en su misiva.
Además, los tribunales revolucionarios han emitido al menos otras once sentencias de muerte y se espera que juzguen a decenas de personas más, incluidos menores de edad, por cargos que pueden conllevar la pena de muerte, denuncian grupos de Derechos Humanos.
Así, Human Rights Watch ha afirmado que se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias y en todos los países porque es «intrínsecamente cruel e irreversible».
«Las autoridades iraníes deben detener de inmediato estos juicios y anular las sentencias de muerte», reza el comunicado de la ONG.
Este lunes los medios iraníes informaron de que las autoridades habían ejecutado en público a Majid Reza Rahnavard, de 23 años, por el presunto asesinato de dos policías.
El acusado ha sido ejecutado 13 días después de que comenzara el juicio, motivo por el cual HRW critica que «no está claro cómo avanzó el proceso de apelación a ese ritmo».
Además, el jueves los medios anunciaron la primera ejecución de un participante de las protestas en Irán, Mohsen Shekari, de 23 años, investigado por herir a un agente de Policía y bloquear una carretera.
Las autoridades han emitido al menos 1.680 imputaciones en todo el país en relación con las protestas, según comunicados oficiales, mientras que grupos de Derechos Humanos estiman que más de 18.000 personas han sido arrestadas en el marco de las manifestaciones sociales.
Irán es uno de los países que utiliza la pena capital con mayor frecuencia, las cifras de organizaciones de Derechos Humanos estiman que más de 300 los ciudadanos ejecutados entre el 21 de marzo y el 12 de septiembre, recoge HRW.
