El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sostenido este miércoles que no hay ningún eurodiputado español que esté siendo investigado «ni de cerca ni de lejos» en lo que se ha dado en llamar ‘Qatargate’, el presunto pago de sobornos a miembros de la Eurocámara por parte de este país del Golfo.
En respuesta a una pregunta formulada por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu en el Pleno del Congreso, el ministro ha reconocido su preocupación por este caso, que ha considerado «de extrema gravedad», al tiempo que ha confiado en que la investigación que la Policía y la Fiscalía belga están llevando a cabo llegue «hasta el final».
Asimismo, ha señalado que en base a la información de la que dispone «en estos momentos ningún eurodiputado español está ni de cerca ni de lejos siendo investigado», al tiempo que ha indicado que ha hablado de este asunto con sus homólogos europeos en la reunión que mantuvieron el lunes en Bruselas y trasladado la disposición del Gobierno a «colaborar en todo lo que se pueda».
Albares ha subrayado que si algo demuestra este caso es que «la corrupción internacional existe y es necesario reforzar la cooperación» en la lucha contra ella. En este sentido, ha reivindicado que «si alguna es la seña de identidad de este Gobierno es precisamente esa, la lucha contra la corrupción».
Por su parte, Iñarritu ha hecho hincapié en que no se trata de un hecho aislado sino que ya se han producido otros similares en otras instituciones detrás de los que suelen estar siempre «tiranías» y ha advertido de que esto representa «una amenaza a la confianza» en esas instituciones por parte de la ciudadanía.
En este sentido, se ha interesado por saber qué medidas concretas va a tomar el Gobierno para evitar que casos como el ‘Qatargate’ «se vuelvan a reproducir».
El ministro ha defendido que un país en solitario no puede hacer frente a estas tramas que actúan internacionalmente y por ello es necesario «extremar la coordinación internacional». El Gobierno, ha añadido, ya está «tomando medidas preventivas» conforme a lo estipulado por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la que España es parte.
Así, ha dicho, «hemos tipificado estas conductas, estrechamos la cooperación internacional y, en la medida que podemos, participamos en la recuperación de activos». Además, ha recordado que «hay un tipo penal en España que precisamente tipifica tanto la corrupción de funcionario internacional como el hecho que desde instancias internacionales se pueda corromper a funcionarios españoles».
