Esquerra Republicana (ERC) ha reclamado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por parte de la Generalitat de Cataluña, una cuestión que, según le ha respondido el propio Escrivá, «es inconstitucional».
Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la diputada independentista Norma Pujol, se ha referido a un error detectado en el cobro del IMV en Cataluña, el pasado mes de noviembre, por el que se vieron afectadas, según ha indicado Pujol, más de 1.100 personas que también cobran la renta básica autonómica.
La diputada ha reconocido que «cualquier persona puede equivocarse», pero ha apuntado que los sindicatos de funcionarios están «descontentos» por cómo se está gestionando la ayuda estatal. Pujol ha advertido al ministro de que, en temas tan «sensibles» es necesario «agudizar el sentido» y «agilizar los procesos». Algo que, a su juicio, también ayuda a solucionar los errores.
Pero, además, cree que «el verdadero error» de los sucedido es la consecuencia de «legislar dos veces sobre un mismo hecho y una misma población objetiva, con dos niveles distintos de prestación, dos tiempos distintos de acceso, y definiciones distintas de los requisitos».
DOS OPCIONES Y, en este sentido, se ha planteado dos soluciones: «recortar derechos» dejando a la población sin la renta autonómica catalana, o «tomar la senda de la responsabilidad, poner a la ciudadanía en el centro y priorizar la lucha de la pobreza frente al solapamiento entre instituciones, traspasando a Cataluña la gestión del IMV.
Ante este discurso, Escrivá ha recordado a la representante de ERC que la Ley del IMV fue aprobada en el Congreso «sin votos en contra», incluyendo la disposición adicional recogida en el texto que, según ha indicado el ministro, no establece el traspaso, sino «la posibilidad de una gestión conjunta» de las ayudas del Estado y las comunidades autónomas. «Eso es lo que llevamos intentando desde que se puso en marcha la ley, hace algo más de dos años», ha apuntado.
A su juicio, el problema de la gestión del IMV en Cataluña es que la Generalitat decidió recurrir la norma al Tribunal Constitucional. Para Escrivá, esta decisión no fue «muy consecuente» con lo que se había acordado en la Cámara respeto a la disposición adicional de la ley.
UNIÓN DE LAS DOS ADMINISTRACIONES «Esto retrasó extraordinariamente el avance que yo creo que tenemos que hacer entre las dos administraciones para lo que realmente le interesa a los ciudadanos de Cataluña», ha explicado, para añadir, que lo que quieren los catalanes es que se «pongan de acuerdo las dos administraciones y que haya una ventanilla única que gestione la Generalitat y provisione el escudo de lucha contra las personas más vulnerables y se unan fuerzas desde las dos partes».
El titular de Inclusión ha lamentado, así, que ERC «siga insistiendo» en reclamar una transferencia de la gestión cuando es «inconstitucional», según dictó el Tribunal Constitucional, y ha indicado que si el IMV existe es por la Comisión Europea y el Consejo de Europa alertaron de las incidencias que ha habido en los 25 años de despliegue de la renta autonómica.
