El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una propuesta de resolución sobre la discriminación que sufren las personas ciegas catalanohablantes y occitanohablantes con los dispositivos digitales, que ha prosperado con los votos a favor de PSC-Units, ERC, Junts, CUP, comuns, Cs y PP en la mayoría de puntos.
El texto, promovido por los grupos parlamentarios de PSC-Units, ERC, Junts, CUP y comuns, insta al Govern a impulsar un plan interdepartamental que se traslade a las empresas que desarrollan dispositivos inteligentes.
Según lo acordado en el Parlament, este plan debe hacer constar el agravio que supone «la insuficiente presencia del catalán en los sistemas de reconocimiento de voz y lectura de pantalla (hablada y braille) y solicitar la incorporación del catalán y el occitano en el menor tiempo posible».
También se busca fomentar los derechos lingüísticos de las personas ciegas a través de la contratación pública de productos y servicios que integran tecnología digital, incorporando cláusulas que obliguen a incluir el catalán y el occitano en los asistentes de voz, lectores de pantalla hablantes y sistemas de conversión de la grafía braille.
Asimismo, la propuesta de resolución establece garantizar recursos para los proyectos que contribuyen a asegurar la presencia del catalán en los sistemas de reconocimiento de voz y lectura de pantalla, como en el proyecto Aina.
Finalmente, se ha acordado «asegurar que la lengua de configuración por defecto de los dispositivos digitales de la administración pública catalana sea el catalán».
POR LA IGUALDAD DE CONDICIONES Antes del debate de la proposición, el exdiputado del Parlament Josep Maria Llop ha intervenido en nombre de las personas ciegas para reivindicar sus derechos lingüísticos y de poder acceder a servicios digitales en catalán: «Nos merecemos igualdad de condiciones y poder hacer nuestros deberes como todo el mundo».
La diputada socialista Sílvia Romero ha asegurado que a menudo hay «presencia insuficiente y ausencia» en catalán y aranés en los servicios de voz de dispositivos digitales, por lo que ha reclamado impulsar medidas legislativas que ayuden a revertir esta situación y ha instado al Govern a hacerlo.
Mònica Sales (Junts) ha defendido el proyecto Aina impulsado por el exconseller de Políticas Digitales y Territorio Jordi Puigneró para ayudar a la normalización del catalán a través de las nuevas tecnologías, y ha reclamado que las empresas y los asistentes de voz digitales utilicen esta herramienta.
La líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ha lamentado que muchas veces hay «un abismo ente los derechos proclamados y los que se hacen efectivos», algo que considera que pasa con los de las personas ciegas, y ha asegurado que esta iniciativa permite garantizar derechos a personas que han sido privadas de su lengua, en sus palabras.
Jéssica González (comuns) ha sostenido que es labor del Govern conseguir que la presencia del catalán en ámbitos como los que habla la proposición, y también ha asegurado que este tipo de acciones se deben llevar a cabo en el ámbito privado, pero también en el público: «Tenemos que llamar a todas las puertas para hacer extensivos todos los derechos».
Desde ERC, Irene Aragonès ha afirmado que los diputados tienen la obligación de tomar medidas para acabar con la discriminación de las personas ciegas: «No podemos esperar a que las empresas actúen por cuenta propia», tras lo que ha señalado que el Govern debe exigir a las compañías desarrolladoras de dispositivos que incorporen el catalán y el aranés.
LENGUA COMO ARMA Maria Elisa García (Vox) ha acusado a los grupos promotores de la proposición de enfrentar a los catalanohablantes y a los castellanohablantes: «Usan la lengua como arma arrojadiza y lo hacen también con la lengua de signos y el braille», y ha lamentado que las personas ciegas implicadas hayan sido manipuladas por Plataforma per la Llengua, según ella.
El diputado de Cs Joan García ha destacado que para su partido los derechos lingüísticos son derechos individuales, que defienden en todos los ámbitos, algo con lo que ha coincidido Lorena Roldán (PP): «Es curioso escuchar la defensa de algunos de los derechos lingüísticos. Son los mismos que pisotean los derechos de los castellanohablantes. Aplíquense el cuento», ha concluido.
