El Pleno extraordinario del Tribunal Constitucional (TC) que abordará la petición del PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio TC se celebrará justo un día antes de que dicha reforma, y las demás enmiendas incluidas en la proposición de ley para eliminar la sedición, junto a la propuesta en sí misma, afronten su primer examen en el Senado, en la Comisión de Justicia.
La decisión que ha tomado el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, de suspender el Pleno extraordinario iniciado este jueves para continuarlo el próximo lunes ha permitido que la proposicion de ley y el conjunto de enmiendas que lleva se puedan votar este jueves en el Congreso de los Diputados.
Así las cosas, la decisión que finalmente tome el Constitucional sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso de amparo –con las que busca frenar la tramitación parlamentaria de las enmiendas que afectan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al TC– impactará directamente en el recorrido de la proposición de ley en el Senado.
Según los plazos que maneja la Cámara Alta, el martes 20 de diciembre se celebraría a primera hora la Comisión de Justicia que tendría que aprobar de manera ‘exprés’ el dictamen de la reforma del Código Penal para que vaya al Pleno del jueves 22 de diciembre.
El Gobierno ha decidido acortar aún más los plazos de la tramitación de la ley de la sedición en el Senado y, según su calendario, esta norma no estaría ni una semana en la Cámara Alta.
Una vez se apruebe este jueves la reforma del Código Penal en el Congreso, entrará en el Senado este mismo viernes 16 de diciembre, cuando se reunirán la Mesa y los Portavoces de la Comisión de Justicia para ratificar el martes 20 de diciembre como día para que pase su primer examen en esta sede legislativa.
La idea del Gobierno es dejar aprobada esta norma en el Pleno del 22 de diciembre, de modo que estaría tan solo cuatro días en tramitación en la Cámara Alta. Sin embargo, todo está supeditado a la decisión del Tribunal Constitucional del próximo lunes.
MÁS TIEMPO PARA ESTUDIAR Estaba previsto que el TC empezara a las 10.00 un Pleno extraordinario para decidir sobre la admisión del recurso ‘popular’ y la suspensión cautelar, pero no ha arrancado hasta tres horas después y lo ha hecho solamente para acordar el aplazamiento al lunes.
La razón es que los cinco magistrados progresistas –Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez– han pedido más tiempo para estudiar no solo la impugnación del PP y las cautelarísimas, sino también los escritos presentados posteriormente por PSOE, Unidas Podemos (UP) y Vox, dada la «complejidad» y «relevancia» del asunto. Y el presidente del TC ha accedido a ello.
En sus escritos, PSOE y UP solicitan al Tribunal Constitucional que les tenga por personados y rechace suspender la tramitación parlamentaria de dichas enmiendas, advirtiendo de que, en caso contrario, se afectará a los derechos de los diputados y de los ciudadanos que representan.
Podemos ha ido un paso más allá y ha pedido apartar a González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez de la deliberación del recurso del PP, al considerar que tienen un conflicto de interés porque, de aprobarse dicha reforma, serían sustituidos por los nuevos magistrados nombrados por el Gobierno.
Vox, por su parte, también ha movido ficha y se ha sumado al PP presentando otro recurso de amparo donde solicita igualmente al Constitucional que suspenda la tramitación parlamentaria de dichas enmiendas.
Cabe recordar que el TC se enfrenta a una situación inédita. Si finalmente accede a la petición ‘popular’ de paralizar el ‘iter’ legislativo de la reforma, será la primera vez en sus 40 años de historia que suspenda un debate y una votación en las Cortes Generales.
MOVIMIENTO EN EL CGPJ PSOE y UP introdujeron las enmiendas impugnadas después de que las negociaciones en el seno del CGPJ para nombrar a sus dos aspirantes al TC encallaran el pasado 2 de diciembre, debido al veto tácito del bloque conservador al candidato de los vocales progresistas –el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés– y a la negativa de estos últimos a volver a engordar su lista de aspirantes (que llegó a contar con nueve).
Tras el movimiento parlamentario, el ala progresista aboga por esperar a que el nuevo sistema se apruebe en las Cortes Generales para votar ya con él, mientras que el bloque conservador ha lanzado dos candidatos –los también magistrados del TS César Tolosa y Pablo Lucas– para intentar eludir esta reforma, en lo que supone un intercambio de roles respecto a las posiciones que las dos corrientes del CGPJ mantenían hasta ahora.
Este mismo jueves, el presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo, ha convocado un Pleno extraordinario para el 20 de diciembre, a las 17.00 horas, para votar a los dos candidatos que le corresponde designar para el TC. Tolosa y Lucas son los únicos aspirantes en el orden del día, pero se podrán ir sumando otros nombres en estos días.
González-Trevijano, Narváez, Xiol y Santiago Martínez-Vares vieron caducar su mandato el pasado 12 de junio y desde entonces aguardan a ser reemplazados por Gobierno y CGPJ, ya que los cuatro forman el tercio de magistrados del TC que la Constitución encomienda renovar al Ejecutivo y el Consejo. Moncloa ya ha nominado al ex ministro Juan Carlos Campos y a la ex alto cargo del Gobierno Laura Díez, pero el órgano de gobierno de los jueces aún no ha hecho lo propio.
Las enmiendas de socialistas y ‘morados’ van encaminadas a despejar los obstáculos para que Campo y Díez puedan tomar posesión sin esperar a los dos candidatos del CGPJ, lo que supondría propiciar un vuelco en el TC, desde una mayoría conservadora a una progresista.
