La comisión del Agua de la Diputación de Alicante ha vuelto a mostrar su rechazo al incremento de los caudales ecológicos del Tajo, recogido en la nueva planificación hídrica de esta cuenca y aprobado por el Consejo Nacional del Agua, a causa de sus «negativos efectos» en la demarcación hidrográfica del Segura.
La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha presidido este jueves la reunión de la comisión, en la que se han detallado las consecuencias del incremento de los caudales, con una merma del trasvase Tajo-Segura de 105 hectómetros cúbicos al año, ha indicado la corporación provincial en un comunicado.
Esta reducción provocará –según los informes elaborados por los técnicos que ha ofrecido el director de la cátedra del Agua, Joaquín Melgarejo– la pérdida de más de 27.000 hectáreas de regadío, 5.692 millones de euros y 15.300 puestos de trabajo. Además, incrementará en 2027 el déficit estructural de la cuenca del Segura a 309 hectómetros cúbicos.
Durante la comisión del Agua, tanto las comunidades de regantes como los técnicos han cuestionado el acuerdo anunciado por la Generalitat con el Ministerio de Transición Ecológica para aumentar el caudal a sietre metros cúbicos por segundo a partir de 2023 y condicionar la subida al estado ambiental del río.
En este sentido, han apuntado que se desconoce el documento de ese «pacto», al tiempo que han denunciado que «no se sustente en ningún informe técnico que avale la subida». Además, han criticado que el acuerdo vincule el trasvase a la depuración de aguas en Madrid, «cuando en nada contribuye el trasvase a la contaminación del Tajo».
«En la Mesa del Agua hay representantes de todos los sectores económicos de la provincia, principalmente regantes, y partidos políticos que defendemos los intereses del territorio, frente a la ambigüedad por parte de la Generalitat que vende un pacto histórico que garantiza la soberanía hídrica del territorio pero que nadie conoce y a día de hoy no sabemos siquiera si se va a tener en cuenta», ha sostenido Serna.
En este contexto, ha añadido que la provincia se juega «mucho» y ha expresado que «la preocupación está en el aire». «Una vez más, tenemos que sufrir la inacción de un presidente como Ximo Puig que desde el minuto cero no ha defendido los intereses de esta provincia ni de la Comunitat», ha señalado.
«Ahora se desmarcan desde la Generalitat con que, si no se cumple con esa disposición adicional novena, cambiaran su voto, pero no se dónde lo van a hacer porque eso se decide en el Consejo de Ministros. Una vez más, nos han engañado y nos dejan en una situación totalmente desastrosa que, de no revertirse, condena a muerte a la huerta de Alicante», ha aseverado Serna.
TRASVASE JÚCAR-VINALOPÓ Durante la comisión también se ha abordado la situación del trasvase Júcar-Vinalopó. Ángel Urbina, presidente de la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó y l’Alacantí, ha explicado el voto particular de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja al Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar.
En concreto, ha detallado que se ha expresado la necesidad de que se vincule la sustitución de los recursos subterráneos en las masas de agua en mal estado del sistema de explotación del Vinalopó-Alacantí con la recepción de recursos externos.
Además, ha solicitado el apoyo de la Diputación para pedir la exención de los costes de amortización del trasvase Júcar-Vinalopó. Toda la comisión ha respaldado esta petición, que será llevada al pleno de la institución provincial.
